El Ayuntamiento de Zamora, gobernado por la coalición de Izquierda Unida y PSOE, anunció que presentará alegaciones en contra del proyecto para construir un centro de datos hiperescalar en el Polígono Zamora-Norte, ubicado en el término municipal de Monfarracinos, a apenas 3 kilómetros del casco urbano.
Motivos de la oposición municipal
Según el comunicado del consistorio, las objeciones se centran en dos ámbitos principales: las consecuencias fiscales para los ayuntamientos de la zona y el impacto ambiental y territorial derivado de la magnitud del proyecto. La iniciativa, impulsada por las empresas Edison Next Spain y FRV-X, plantearía una inversión de 4,700 millones de euros y la construcción de una factoría de 33 hectáreas, además de una central térmica y un parque solar asociado.
El Ayuntamiento señala que la Junta de Castilla y León pretende declarar la obra como proyecto de interés regional, figura que, en su opinión, plantea dudas sobre la justificación administrativa y podría derivar en la pérdida de recursos municipales. En concreto, la documentación consultada por el equipo de Gobierno advierte de una potencial privación de ingresos por importe de 200 millones de euros en impuestos para los ayuntamientos afectados por la instalación.
“Así no”, dijo el Ayuntamiento, al valorar las dimensiones y las implicaciones del proyecto.
Dimensiones y emisiones señaladas
La propuesta incluye, además de la nave principal de servidores, una central térmica con 24 chimeneas que, según los datos divulgados, expulsaría hasta 300,000 toneladas de CO2 al año. Asimismo, el desarrollo requeriría la ocupación de otras 1,000 hectáreas para la construcción de un parque solar destinado a abastecer la demanda energética del complejo.
- Inversión proyectada: 4,700 millones de euros.
- Superficie de la factoría: 33 hectáreas.
- Emisiones estimadas de la central térmica: 300,000 toneladas de CO2/año.
- Terreno adicional para parque solar: 1,000 hectáreas.
- Distancia a Zamora: 3 km (término de Monfarracinos).
Aspectos locales y consecuencias prácticas
La cercanía del proyecto a Zamora obliga al Ayuntamiento a tomar postura pública. Desde la óptica municipal, las preocupaciones se articulan en torno a:
- Recaudación: la pérdida de ingresos municipales por impuestos vinculados a la obra y a la actividad económica que genere.
- Medio ambiente: la instalación de una central térmica de gran capacidad y la ocupación de amplias superficies para paneles solares generan dudas sobre emisiones, paisaje y uso del suelo.
- Ordenación territorial: la escala del proyecto podría condicionar el desarrollo industrial y agrícola de la comarca.
La decisión de alegar no invalida de forma automática la tramitación regional, pero sí obliga a que la Administración regional valore las observaciones municipales como parte del procedimiento administrativo. El equipo de Gobierno expresó su desacuerdo con la intención de declarar el proyecto de interés regional “cuando no hay, a juicio del equipo de Gobiernos, elementos que justifiquen esta decisión”.
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Inversión | 4,700 millones de euros |
| Factoría | 33 hectáreas |
| Emisiones centrales térmicas | 300,000 t CO2/año |
| Parque solar | 1,000 hectáreas |
En el ámbito local, la movilización administrativa del Ayuntamiento de Zamora se produce en un contexto en que los vecinos y sectores productivos esperan información sobre cómo se compatibilizaría el proyecto con la actividad agropecuaria, la protección del territorio y la prestación de servicios. Además, la eventual pérdida de tributos sería un elemento de peso para los municipios implicados.
El Ayuntamiento ha anunciado que formalizará las alegaciones en los plazos previstos y seguirá de cerca la tramitación autonómica. Fuentes municipales informaron que se estudiarán todos los instrumentos legales y urbanísticos disponibles para defender los intereses de Zamora y de los municipios colindantes.
La iniciativa aún debe completar trámites y obtener decisiones por parte de la Junta de Castilla y León. Mientras tanto, el Ayuntamiento local mantiene su postura crítica y anuncia que fiscalizará el proceso para garantizar que la planificación territorial y la sostenibilidad ambiental no queden subordinadas a la atracción de inversión económica.
