La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó por unanimidad atraer el expediente referente al controvertido proyecto turístico de la naviera Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, con lo que pasa a revisión un conjunto de recursos de amparo presentados por pobladores y organizaciones que cuestionan las modificaciones al Plan de Desarrollo Urbano (PDU) del municipio de Othón P. Blanco.
Qué está en discusión
La Corte examinará, en esencia, si tres demandas de amparo promovidas por personas de Mahahual —que un juzgado federal había desechado— debieron haber sido admitidas para su trámite. Si la SCJN concluye que dichos amparos tenían que haber continuado, eso abriría la posibilidad de analizar la legalidad de los cambios municipales que autorizaron el proyecto conocido como “Perfect Day” México.
La controversia se centra en que el municipio operó una serie de modificaciones al PDU que permitieron a la empresa presentar su propuesta ante la autoridad ambiental. Entre los ajustes más notables figura la ampliación de la altura máxima permitida para construcciones en Mahahual, un punto que facilitó elementos concretos del plan original de la naviera.
“La Corte analizará si las tres demandas de amparo... debieron ser admitidas, eso es lo que va a resolver esencialmente”
La declaración la emitió Irma del Carmen Morales, abogada representante de la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), en entrevista con El Financiero y sintetiza el eje procesal que revisará la Corte.
Implicaciones jurídicas y territoriales
Si la SCJN determina que las demandas debieron seguir su curso y, en consecuencia, que las modificaciones al PDU fueron ilegales, el resultado podría privar a Royal Caribbean de los fundamentos urbanísticos que permitieron el avance del proyecto en los términos planteados inicialmente. Eso no equivale a la cancelación automática del emprendimiento, pero sí a la apertura de un proceso judicial que puede revertir permisos y condicionamientos municipales.
Mientras el gobierno federal ha indicado públicamente que la empresa desistió de construir el complejo turístico, la propia naviera confirmó, en una llamada con inversionistas sobre resultados trimestrales, que aún considera el proyecto. La atracción del caso por la SCJN implica que decisiones futuras tendrán que acatar el criterio constitucional que emita la Corte.
Aspectos técnicos y datos relevantes
Uno de los cambios concretos al PDU fue la modificación de la cota máxima de edificaciones en Mahahual, que pasó de niveles muy contenidos a uno que coincide con la altura anunciada para ciertas atracciones planeadas por la naviera.
| Concepto | Antes | Después |
|---|---|---|
| Altura máxima permitida en Mahahual | 14 metros | 63 metros |
- La admisión de los amparos por la Corte permitiría revisar el cambio de uso de suelo promovido por el municipio.
- El fallo podría afectar permisos y condicionantes del proyecto conocido como “Perfect Day” México.
- La naviera mantiene interés en el proyecto pese a comunicados oficiales del gobierno que señalan un presunto desistimiento.
La atracción por parte de la SCJN sitúa el conflicto en la esfera constitucional y, por tanto, implica una valoración más allá del ámbito administrativo municipal: se evaluarán principios como la legalidad de procedimientos de planeación urbana, la protección al medio ambiente y, por extensión, los derechos de las comunidades locales sobre su territorio.
Para las poblaciones de Mahahual y las organizaciones que han litigado en defensa del ambiente, el avance del juicio en la Corte es crítico. No sólo se trata de la viabilidad de un desarrollo turístico, sino de la forma en que las decisiones de ordenamiento territorial se adoptan y de la oportunidad que tienen los habitantes para impugnarlas y ser escuchados en tribunales superiores.
La resolución de la SCJN determinará los pasos procesales que seguirán las tres demandas de amparo y, en caso de encontrarse irregularidades en el cambio del PDU, abrirá la puerta para revisar la validez de los permisos municipales sobre los que se sustentó la presentación del proyecto ante autoridades ambientales.
El proceso seguirá su curso en la Corte, donde uno de los temas centrales será establecer si el trámite judicial inicial debió admitir las impugnaciones . Hasta entonces, la disputa entre planeación urbana, inversión turística y derechos territoriales permanecerá en el centro del debate público.
