Morelia, Michoacán. Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) bloquearon y frenaron la celebración de un foro convocado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), al considerar que la propuesta de consulta sobre la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos es discriminatoria y excluye a decenas de comunidades.
Principal reclamo: exclusión y falta de respeto a los usos y costumbres
El CSIM denunció que del inventario de 500 comunidades indígenas en Michoacán, 109 no aparecen en el catálogo que el INPI utiliza como base para la consulta, lo que —dijeron— deja fuera a pueblos y autoridades tradicionales. Como medida de protesta, miembros de la organización prendieron fuego a sillas y algunas mesas en las instalaciones del instituto, aunque la dirigencia afirmó que su intención fue impedir el foro y no generar violencia.
Los comuneros argumentan que el mecanismo propuesto por el INPI tampoco respeta los usos y costumbres porque no consulta a las asambleas generales, que en muchos pueblos son la máxima autoridad para decidir asuntos colectivos. Además cuestionan la metodología: pretenden discutir y votar 453 artículos en jornadas que duran, en promedio, cinco horas. Para el CSIM, ese cronograma es inviable y no cumple con los estándares de una consulta indígena libre, previa e informada.
“El Consejo Supremo reclama que cualquier proceso de consulta se realice respetando los tiempos, formas, usos y costumbres de cada comunidad, que surja de las asambleas Generales y que las determinaciones alcanzadas tengan carácter vinculatorio”,
La organización anunció además que recurrirá a instancias jurídicas a través del Colectivo de Abogados Indígenas Juchári Uinápekua para defender lo que consideran derechos colectivos vulnerados por la propuesta legislativa y por la forma en que se implementa la consulta.
Críticas a la naturaleza no vinculante de los foros
Otro punto de fricción es que las opiniones recabadas en los foros, según la versión del CSIM, no tendrían carácter vinculante: esto permitiría al gobierno federal decidir posteriormente qué propuestas incorporar o descartar en la ley. Los representantes indígenas consideran que una consulta que no obliga a respetar los acuerdos alcanzados es una simulación.
El dirigente del CSIM, Pavel Guzmán, calificó la propuesta de ley como un retroceso frente a las luchas históricas de los pueblos por el reconocimiento de derechos territoriales ancestrales, y por omisiones que, afirmó, contradicen las reivindicaciones colectivas.
Repercusiones y próximos pasos
El bloqueo del foro colocó de nuevo en el debate público la tensión entre procedimientos institucionales de consulta y las formas de organización interna de los pueblos indígenas. El CSIM adelantó que continuarán con acciones jurídicas, pero también señaló su disposición a que cualquier proceso sea realizado respetando tiempos, formas y la normatividad interna de las comunidades.
Por ahora, las autoridades del INPI no han emitido una declaración pública detallada sobre las acusaciones o sobre los siguientes pasos administrativos para reagendar o modificar el proceso de consulta en Michoacán.
Datos clave
- Comunidades señaladas como excluidas: 109 de un total de 500 registradas en la entidad.
- Artículos propuestos para debate en la iniciativa de ley: 453.
- Duración aproximada de las jornadas de foro: cinco horas.
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Comunidades en Michoacán | 500 |
| Comunidades excluidas denunciadas | 109 |
| Artículos a debatir | 453 |
La acción del CSIM pone en el centro la discusión sobre cómo se diseñan e implementan las consultas a pueblos indígenas: si estas respetan la Constitución, los convenios internacionales y, sobre todo, las formas propias de organización de cada pueblo. También reaviva el reclamo histórico de reconocimiento de derechos territoriales que, según los demandantes, la iniciativa de ley no estaría garantizando.
En los próximos días será clave conocer la postura oficial del INPI respecto a la exclusión denunciada, si se realizarán ajustes en el padrón de comunidades, y si el gobierno federal aceptará que las determinaciones de las asambleas indígenas sean de carácter vinculante en el proceso legislativo.
Mientras tanto, comunidades y organizaciones indígenas mantienen la exigencia de que cualquier ejercicio de consulta se conduzca con tiempo, respeto a sus procedimientos internos y garantías de que los resultados serán vinculantes para las autoridades.
