En un reclamo público difundido desde la Ciudad de México, representantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) afirmaron que 120 comunidades de la entidad sufren desde hace años una situación de inseguridad sostenida y abandono por parte del Estado. Los dirigentes denunciaron ataques armados, la muerte de miembros de las policías comunitarias y cientos de desapariciones que, dijeron, no han merecido una respuesta gubernamental adecuada.
Relatos que ponen rostro al conflicto
El comunicado del CSIM enlaza cifras y hechos con testimonios de las comunidades purépecha, nahua, otomí y mazahua, que —aseguran— enfrentan una doble condición: la persistencia de la violencia y la impunidad. Los dirigentes reclamaron que, cuando la seguridad impactó la exportación de aguacate, el gobierno federal reaccionó con la movilización de fuerzas federales; sin embargo, cuando se trata de la integridad de los pueblos indígenas, sus demandas habrían sido ignoradas.
Como ejemplo reciente, los documentos oficiales y comunitarios citan agresiones y asesinatos en diferentes municipios. El CSIM recordó asimismo incidentes de mayo pasado en los que comuneros de San Francisco Acahuén, en Chilchota, fueron víctimas de homicidio luego de recibir amenazas y hostigamiento.
Datos que describen la dimensión del problema
En su pronunciamiento, el Consejo aportó un balance con números que buscan dimensionar la crisis:
- 120 comunidades indígenas que integran el reclamo colectivo.
- Más de 20 ataques armados reportados en los últimos cuatro años.
- 20 integrantes de las “Rondas Comunales” asesinados.
- Un registro histórico de más de 70 desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
| Afectación | Descripción |
|---|---|
| Comunidades | 120 agrupadas en el CSIM |
| Ataques armados | Más de 20 en los últimos cuatro años |
| Muertes en ronderas | 20 personas asesinadas |
| Desapariciones/extrajudiciales | Más de 70 casos registrados |
Acusación de prioridades desiguales
Los voceros indígenas contrastaron la pronta intervención del Estado para proteger las exportaciones agrícolas con la falta de atención a las demandas de seguridad de las comunidades. Señalaron que la presencia de elementos del Ejército y la Guardia Nacional fue inmediata cuando se amenazó la comercialización del aguacate, pero no ocurrió lo mismo ante las solicitudes de reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
"Para el Estado mexicano es más importante la venta de aguacate que la vida de los habitantes de los pueblos indígenas"
El CSIM agregó que desde hace casi un año han solicitado una audiencia con el secretario Omar García Harfuch para exponer la crisis de inseguridad en la entidad y no han obtenido respuesta formal. Ante ello, los líderes indígenas demandan medidas concretas que vayan más allá de la exhibición de fuerzas militares y que atiendan las causas estructurales de la violencia y la impunidad.
Impacto local y exigencias de justicia
Las comunidades denunciantes sostienen que la violencia ha debilitado la vida comunitaria, afectando el ejercicio de la autonomía, la seguridad cotidiana y el acceso a la justicia. El señalamiento de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, si se confirma plenamente por las instancias competentes, implicaría la necesidad de investigación especializada y el acompañamiento de organismos de derechos humanos.
Organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos en la región han seguido casos similares y demandan que las autoridades federales y estatales brinden protección y mecanismos de atención integral: investigación, reparación del daño y garantías de no repetición.
Qué piden las comunidades
Además de la exigencia de una reunión con autoridades federales, el CSIM solicita:
- Investigaciones diligentes en los casos de asesinatos y desapariciones.
- Protección efectiva para las Rondas Comunales y las personas que ejercen la defensa comunitaria.
- Mecanismos de diálogo permanentes para coordinar acciones de seguridad y justicia con las comunidades indígenas.
Hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ni de autoridades estatales de Michoacán sobre el reclamo presentado por el Consejo Supremo Indígena.
La denuncia pone en el centro la tensión entre intereses económicos y derechos humanos en una entidad cuya vida rural y cultural está profundamente vinculada a las comunidades originarias, y plantea preguntas sobre la eficacia de las políticas públicas en materia de seguridad y reparación del daño para los pueblos indígenas.
