La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las candidaturas independientes en Michoacán no pueden coordinarse para realizar campañas conjuntas, compartir propaganda ni conformar lo que llamó «uniones de facto», al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 69/2026.
Prohibición de campañas compartidas
En el fallo, el Pleno consideró que permitir que aspirantes sin filiación partidaria actúen de manera coordinada pondría en riesgo la equidad de la contienda electoral. La ministra Loretta Ortiz Ahlf explicó que la normativa impugnada pretendía regular asociaciones entre independientes, pero que esas figuras terminan por distorsionar la finalidad de la candidatura independiente.
“No se permiten uniones de facto, como las que pretende regular la norma impugnada, pues eso trae como consecuencias jurídicas que podría vulnerar la equidad en la contienda y distorsionar la finalidad de las candidaturas independientes”. — Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la SCJN
El pronunciamiento obliga a que candidaturas como la de Grecia Quiroz, mencionada en la resolución, lleven a cabo sus campañas de forma individual, sin coordinación operativa ni difusión conjunta con otras aspiraciones independientes.
Qué se invalidó y por qué
La Corte, además de la prohibición expresada, declaró inválidas las disposiciones que facultaban a las autoridades electorales para sancionar a independientes con base en una simple percepción de que formaban parte de un bloque o impulsaban una plataforma compartida. La ministra Yasmín Esquivel Mossa advirtió que sancionar por mera percepción resultaba jurídicamente improcedente.
Con ello, la SCJN trazó una distinción clara: se prohíben las uniones efectivas entre independientes que alteren la contienda, pero no pueden imponerse sanciones arbitrarias cuando la existencia de coordinación se basa únicamente en opiniones o sospechas sin prueba.
Repercusiones y llamado al Legislativo
El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, apuntó que la regulación de las candidaturas independientes es reciente y que corresponde al Poder Legislativo realizar los ajustes que requiera este modelo de participación política. Aguilar Ortiz recordó que la figura de la candidatura independiente tiene apenas dos décadas o menos en la legislación mexicana y que su regulación debe evolucionar.
En la práctica, la sentencia obliga a las autoridades electorales locales a afinar criterios probatorios para determinar cuándo existe coordinación indebida entre independientes y cuándo no, así como a revisar la normativa estatal que daba margen a sanciones basadas en percepciones.
- Obligación: Independientes deben hacer campaña de forma individual.
- Prohibición: No podrán conformar «uniones de facto» ni eventos conjuntos que impliquen coordinación.
- Limitación: No se pueden imponer sanciones por mera percepción de coordinación.
Impacto local y próximos pasos
La resolución modifica el escenario para aspirantes independientes en Michoacán, donde en los próximos procesos electorales deberán revisar su estrategia de difusión y actos públicos para garantizar que no se interpreten como conjuntos coordinados. Al mismo tiempo, abre la discusión sobre cómo probar la existencia de coordinación y qué pruebas serán suficientes para que una autoridad aplique sanciones legítimas.
Corresponde ahora al Congreso local y a los órganos electorales precisar los alcances de la sentencia: definir estándares de prueba, procedimientos sancionadores y las conductas concretas que configuran una unión prohibida sin vulnerar derechos políticos de las personas que optan por la vía independiente.
La decisión también podría incidir en litigios futuros y en la forma en que las autoridades electorales diseñan sus mecanismos de supervisión para campañas, con especial atención en prevenir desigualdades en el acceso a recursos y exposición mediática que afecten la equidad del proceso electoral.
