La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) reportó que entre 2020 y lo que va de 2026 destinó más de $7,225,118 pesos para cubrir deducibles de seguros tras robos en planteles escolares, un rubro que registró un incremento notable a partir de 2023, de acuerdo con la información entregada a solicitud de un medio local.
Gasto creciente y registro interrumpido
Los documentos proporcionados por la dependencia muestran que el comportamiento del gasto por deducibles pasó de cifras menores a montos millonarios en un plazo de tres años. La SEG explicó, además, que no presentó registros del periodo 2016-2019 debido a un cambio en el esquema administrativo.
“Durante estos ejercicios fiscales, no se ejercieron pagos por seguros debido a que la indemnización se realizó en numerario a la tesorería de la federación”.
Ese argumento administrativo señala que las indemnizaciones en esos años no se registraron como pagos de deducibles, lo que impide una comparación directa con el comportamiento observado desde 2020. No obstante, la dependencia reconoce el repunte en las erogaciones a partir de 2023.
Impacto en la operación escolar y en la percepción de seguridad
El desembolso recurrente por deducibles refleja, por un lado, afectaciones materiales en planteles —equipos, mobiliario y bienes— y, por otro, un costo administrativo para la Secretaría que termina teniendo implicaciones presupuestales. Aunque la información divulgada no detalla el número de incidencias ni los bienes afectados, el aumento de los pagos sugiere un escenario de mayor incidencia o de siniestros de mayor valor.
En el contexto del Bajío, donde el crecimiento económico ha ido de la mano con retos de seguridad, este tipo de erogaciones obliga a las autoridades educativas y de seguridad a coordinar estrategias focalizadas para proteger instalaciones y activos escolares, así como para garantizar la continuidad educativa.
Medidas preventivas y exigencias de transparencia
Especialistas en gestión educativa y directivos de planteles suelen recomendar medidas preventivas como sistemas de alarma, cercado perimetral, control de accesos y seguros adecuados. Sin embargo, la información pública disponible hasta ahora no especifica si las escuelas afectadas contaban con coberturas completas, ni el tipo de bienes asegurados.
- Montos conocidos: $7,225,118 pesos entre 2020 y 2026 (parcial).
- Período 2016-2019: la SEG justificó falta de registros por un cambio administrativo y aseguró que las indemnizaciones se entregaron en numerario a la tesorería federal.
- Aumento desde 2023: la dependencia reconoció un repunte drástico en las erogaciones por deducibles.
| Periodo | Monto reportado |
|---|---|
| 2016-2019 | No se reportaron pagos por seguros (indemnizaciones en numerario a la federación) |
| 2020-2026 | $7,225,118 pesos |
Ante la información pública disponible, surgen preguntas sobre la magnitud real de los daños, la frecuencia de los robos y la suficiencia de las pólizas contratadas. También cobran relevancia elementos como la vigilancia en los planteles, la coordinación con autoridades municipales y estatales de seguridad, y la necesidad de asesoría para que los directivos contraten coberturas acordes al valor de los bienes.
Consecuencias presupuestales y sociales
El pago reiterado de deducibles puede desgastar presupuestos destinados a mantenimiento, programas educativos y mejoras de infraestructura. Además, los robos en escuelas generan un clima de inseguridad entre docentes, padres y alumnos, lo que puede repercutir en la asistencia y en la calidad de la operación escolar.
La cifra que la SEG entregó refleja únicamente los montos aplicados a deducibles y no incluye, en el expediente público consultado, el costo total de los siniestros ni el monto de las indemnizaciones pagadas por las aseguradoras. Ese desglose sería necesario para dimensionar con precisión el impacto económico de los robos y evaluar la eficacia de las pólizas contratadas.
En el ánimo de transparencia y rendición de cuentas, autoridades educativas y de seguridad tendrán que detallar las acciones preventivas y correctivas que implementarán para reducir estos incidentes, y explicar cómo se protegerán los recursos destinados a la educación en el estado.
La situación subraya la tensión entre el crecimiento económico del Bajío y los retos constantes en materia de seguridad: mientras avanzan inversiones y desarrollo, la protección del patrimonio escolar exige atención y recursos específicos para evitar que los planteles se sigan convirtiendo en blanco de la delincuencia.
