El Gobierno nacional eliminó mediante la Resolución 64/2026 un conjunto de normas vinculadas a la supervisión de la actividad minera, entre ellas el Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería, iniciativa que había sido creada en 2022 para asistir a las provincias en evaluación y fiscalización de emprendimientos mineros.
La medida, publicada en el Boletín Oficial el 12 de agosto y firmada por el secretario de Minería, Luis Enrique Lucero, justifica la eliminación en términos de “simplificación de la administración pública” y optimización del gasto. Sin embargo, la resolución no establece con claridad qué organismo asumirá las funciones, cómo se financiarán o en qué plazo entrarán en vigor los mecanismos que, según el texto, sustituirán al programa.
Qué hacía el programa y qué se pierde
El proyecto federal articulaba recursos y capacidades técnicas que servían como soporte a gobiernos provinciales para ejercer controles ambientales sobre la minería. Entre los componentes financiados estaban:
- Capacitación de personal provincial responsable de inspecciones y control.
- Adquisición de equipamiento técnico e infraestructura para monitoreo.
- Cooperación entre organismos públicos y universidades.
- Mecanismos de participación comunitaria y difusión de resultados técnicos.
- Generación de datos confiables para el Sistema de Información Abierta sobre Minería.
En la práctica, la desaparición de este programa implica la pérdida de un canal federal de apoyo que reducía las asimetrías técnicas y presupuestarias entre jurisdicciones. Eso puede dificultar la supervisión de proyectos de gran escala y la disponibilidad de información pública homogénea sobre impactos ambientales de la actividad minera.
Vacíos y preguntas pendientes
La resolución indica que el programa será sustituido por “mecanismos alternativos más eficientes”, pero no detalla su diseño ni cronograma. Esa ausencia plantea interrogantes concretos sobre la continuidad de políticas de control y prevención:
- ¿Qué organismo coordinará las nuevas funciones de monitoreo y capacitación?
- ¿Con qué presupuesto se implementarán los mecanismos de reemplazo?
- ¿Desde cuándo estarán operativos los nuevos instrumentos?
"mecanismos alternativos más eficientes"
La falta de respuestas crea incertidumbre entre las autoridades provinciales que hasta ahora contaban con asistencia técnica y fondos para equipamiento. Aunque la derogación no suprime las evaluaciones de impacto ambiental ni las obligaciones que establece el Código de Minería, sí elimina un soporte práctico para su aplicación homogénea en todo el territorio.
Implicaciones para comunidades y gobernanza ambiental
La decisión de suprimir el programa atañe directamente a la capacidad de las comunidades afectadas para acceder a información y participar en procesos de fiscalización. La cooperación entre universidades y organismos públicos, y la difusión de resultados técnicos, eran herramientas que contribuían a transparentar riesgos ambientales y a fortalecer la vigilancia ciudadana.
Sin un reemplazo claro, las provincias deberán asumir con recursos propios responsabilidades que antes contaban con asistencia federal, lo que puede traducirse en desigualdades en la protección ambiental según la capacidad presupuestaria y técnica de cada jurisdicción.
| Elemento eliminado | Función |
|---|---|
| Proyecto Federal de Monitoreo (2022) | Capacitación, equipamiento, cooperación y generación de datos para supervisión minera |
| Regímenes y transferencias | Facilitaban financiamiento a provincias y municipios |
En la coyuntura, la medida abre un debate sobre la forma en que el Estado articula políticas ambientales frente a actividades extractivas. Para mantener estándares de control y proteger territorios, comunidades y recursos hídricos, será clave que el Ejecutivo precise de manera urgente la estructura, capacidad y financiamiento de los supuestos mecanismos alternativos.
El retiro de este programa federal representa, por ahora, una reducción de herramientas institucionales para la fiscalización ambiental de la minería en todo el país, con efectos adicionales sobre la equidad y la participación de las comunidades en decisiones que afectan sus territorios.
