Campeche, Cam. — El Gobierno del Estado respaldó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a Yahari “B”, la joven imputada por los disturbios ocurridos durante la protesta del 8 de marzo, y confirmó que el proceso penal se encamina hacia la etapa intermedia, donde deberán definirse las pruebas que se admitirán en el juicio.
Posición oficial y avances procesales
En conferencia, el consejero Jurídico del Ejecutivo estatal, Adrián Serrano Barrientos, señaló que la detención fue calificada como legal por las autoridades y que, tras la audiencia inicial, la persona fue vinculada a proceso por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, motín y daño en propiedad ajena. De acuerdo con el funcionario, la investigación continúa y en los próximos días se esperan las diligencias correspondientes a la etapa intermedia.
Serrano Barrientos enfatizó que la representación jurídica a la que asistió el Gobierno no actuó como defensa de la imputada, sino en nombre de las personas que resultaron afectadas en los hechos, quienes son elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Con base en esa representación, explicó, las autoridades consideraron pertinente solicitar la prisión preventiva como medida cautelar.
Qué implica la etapa intermedia
La etapa intermedia es el momento procesal en el que el juez decide qué pruebas serán admitidas y cuáles serán desechadas antes de la apertura a juicio. En este proceso, las partes presentan peritajes, testigos y otros elementos probatorios que sustentan sus versiones; sólo lo admitido por el juez llegará al debate oral en caso de ser necesario.
Hasta ahora, y según la versión oficial, la imputación formulada en la audiencia inicial se mantiene, pero la progresión del expediente dependerá de las pruebas que las partes consignen y que el juez acepte en la etapa intermedia.
Derechos y medidas cautelares
El representante jurídico del Gobierno aseguró que durante el procedimiento se han respetado los derechos de la imputada; sin embargo, la defensa de Yahari “B” ha solicitado la modificación de la medida cautelar, argumentando condiciones relacionadas con su embarazo y su estado de salud.
La solicitud de modificación aún no ha prosperado y la prisión preventiva continúa vigente mientras el caso avanza por las vías ordinarias del sistema penal. La autoridad no detalló los argumentos técnicos que justificaron la negativa —si la hubo— ni el contenido de las pruebas que motivaron la vinculación a proceso.
Hechos jurídicos consignados
Del expediente público, hasta la fase en que se encuentra el caso, se pueden enumerar los cargos formales que pesan sobre la imputada y la situación procesal:
- Delitos imputados: homicidio calificado en grado de tentativa; motín; daño en propiedad ajena.
- Medida cautelar: prisión preventiva, vigente al menos hasta la resolución sobre la petición de la defensa.
- Fase procesal: próxima entrada a etapa intermedia, para decidir admisión de pruebas.
| Elemento | Situación |
|---|---|
| Vinculación a proceso | Con orden emitida tras audiencia inicial |
| Medida cautelar | Prisión preventiva |
| Partes representadas | Víctimas: elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana |
Contexto y preguntas abiertas
El anuncio del consejero jurídico permite confirmar la ruta procesal, pero deja sin respuesta varias preguntas de interés público: cuáles son las pruebas puntuales que sostienen la imputación por tentativa de homicidio; qué peritajes se han practicado; y en qué medida los argumentos de la defensa por el estado de salud de la imputada influirán en el cambio o mantenimiento de la medida cautelar.
De igual forma, la intervención del Gobierno estatal como representante de las víctimas plantea el debate clásico sobre la intervención de autoridades en casos relacionados con protestas públicas y los límites entre la protección de servidores públicos y las garantías de quienes participan en manifestaciones.
Las próximas audiencias en la etapa intermedia serán determinantes para la evolución del caso. Mientras tanto, la joven permanecerá privada de la libertad hasta que un juez resuelva las solicitudes procedentes y se determine qué pruebas llegarán a una eventual audiencia de juicio.
