La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado de Campeche inició una investigación formal contra 32 exfuncionarios vinculados a la gestión del exgobernador Alejandro Moreno por el presunto desvío de al menos 300 millones de pesos. El expediente, informado por autoridades estatales, plantea la existencia de un esquema sistemático que operó durante varios años, mediante el uso de empresas fachada y factureras.
Alcance de la indagatoria y método presunto
Según las primeras diligencias, las actuaciones irregulares habrían consistido en la contratación simulada de servicios y la emisión de facturas falsas con domicilios fiscales tanto en la Ciudad de México como en Campeche. Las pesquisas apuntan a que esa red permitió la triangulación de recursos públicos hacia empresas con estructura aparente, sin que existiera entrega real de bienes o servicios.
La Fiscalía informó que, derivado de auditorías internas y revisiones de los entes fiscalizadores locales, se detectaron inconsistencias financieras que motivaron la integración del expediente. Con base en esas auditorías se formularon señalamientos que ahora se someten al escrutinio penal.
Procedimiento y citaciones
Como parte del proceso, autoridades estatales citarán a declarar a exsecretarios y exdirectores de distintas dependencias que fungieron en la administración del priísta Alejandro Moreno. Las comparecencias están previstas ante jueces federales, en audiencias que, de acuerdo con el calendario oficial, comenzaron a programarse durante agosto de 2026 y continuarán en los meses siguientes.
- Investigados: 32 exfuncionarios
- Monto presunto afectado: 300 millones de pesos
- Dependencias afectadas: 12 instituciones locales, según la Fiscalía
- Método señalado: empleo de empresas fachada y facturación apócrifa
Impacto institucional y posibles delitos
La denuncia apunta a conductas que podrían encuadrarse en delitos como peculado y delincuencia organizada, dependiendo de la acreditación de la escala del esquema y la participación de terceros. El señalamiento de que el mecanismo operó de forma sostenida durante cinco años sugiere una complejidad que requiere la colaboración de distintas áreas administrativas para la salida y ocultamiento de recursos.
Fuentes consultadas por la Fiscalía referenciaron que la afectación directa alcanza a 12 instituciones locales, aunque el detalle de cuáles dependencias resultaron perjudicadas no se ha difundido de manera exhaustiva en el informe público. Ese dato será relevante para cuantificar el daño patrimonial y precisar responsabilidades administrativas y penales.
Auditorías como punto de partida
De acuerdo con el expediente, fueron las auditorías de los organismos fiscalizadores estatales las que detectaron irregularidades que derivaron en la carpeta de investigación. Es habitual que este tipo de procesos combine revisiones contables, cruces de facturación y requerimientos de información a proveedores para reconstruir el circuito de los recursos.
| Elemento | Registro |
|---|---|
| Número de investigados | 32 |
| Monto presunto | 300 millones de pesos |
| Instituciones afectadas | 12 |
| Periodo de operación señalado | Alrededor de 5 años |
Próximos pasos y consideraciones jurídicas
Las audiencias para definir la situación jurídica de los implicados están programadas para iniciar en agosto de 2026 y proseguir en lo que resta del año. En esa etapa, el Ministerio Público deberá aportar pruebas que sostengan el señalamiento: contratos, facturas, declaraciones de proveedores y, en su caso, los testimonios de quienes participaron en la administración de las áreas afectadas.
Para que las acusaciones deriven en sentencias condenatorias será necesario acreditar el origen ilícito de la dispersión de fondos y la participación dolosa de cada uno de los imputados. Las defensas, por su parte, suelen argumentar la falta de elementos probatorios o la inexistencia de responsabilidad directa, lo que hace previsible un proceso judicial prolongado y técnico.
En tanto, la Fiscalía General del Estado seguirá la integración del expediente y la entrega de piezas al ámbito federal cuando proceda. El caso abre además un debate político sobre la rendición de cuentas y la vigilancia del gasto público en entes locales.
WE NEWS continúa el seguimiento de las audiencias y notificará nuevos desarrollos conforme las autoridades federales y estatales aporten información adicional.
