Culiacán — Empresarios líderes de Sinaloa reclamaron al Gobierno federal una respuesta inmediata y de alto impacto frente a la violencia que, aseguraron, está provocando un deterioro económico profundo en la entidad. En una mesa de trabajo celebrada a principios de agosto, integrantes del Consejo Sinaloense de Empresarios (CSE) plantearon la necesidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo escuche de primera mano propuestas para contener la inseguridad.
Petición de diálogo y medidas concretas
Durante el encuentro, el grupo solicitó que el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar lleve al más alto nivel del Ejecutivo las demandas del sector productivo sinaloense. Empresarios de distintos giros expresaron su preocupación por la incapacidad, a su juicio, de las autoridades de los tres niveles para contener la actividad delictiva que afecta a comunidades, comercios y centros de trabajo.
Los promotores del reclamo subrayaron la urgencia de acciones como el reforzamiento de la policía estatal, el fortalecimiento de la procuración de justicia y la implementación de estrategias que permitan detener la impunidad que, dijeron, sostiene a las organizaciones criminales.
Impacto sobre empleo e inversión
Para sustentar su postura, los asistentes presentaron datos oficiales que reflejan un retroceso en el empleo formal y en la actividad empresarial. En particular, destacaron que entre junio de 2024 y junio de 2026 se registró una caída en los registros patronales ante el IMSS, lo que, según el conteo que expusieron, equivale a pérdidas tanto de patrones como de plazas laborales.
| Indicador | Periodo | Variación |
|---|---|---|
| Registros patronales ante el IMSS | junio 2024 - junio 2026 | -11.2% (pérdida de 4,812 patrones) |
| Empleo formal | mismo periodo | pérdida de 17,871 empleos |
Consecuencias sociales y comerciales
En el documento presentado por el CSE se advirtió que el clima de violencia ha redundado en el cierre de negocios, desplazamiento forzado de familias y un trauma social que dificulta la recuperación económica. Aunque algunos delitos registraron descensos en la comparación semestral 2026 vs 2025, los empresarios señalaron que cinco indicadores de violencia permanecen por encima de los niveles de 2024, lo que limita la confianza para invertir y contratar.
"La respuesta de los tres niveles de gobierno ha sido insuficiente e incapaz frente a la magnitud de la fuerza delictiva", señalaron los empresarios.
Entre los asistentes a la mesa figuraron nombres destacados de la iniciativa privada regional, como Agustín Coppel, Diego Ley, David Tamayo, Armando Guzmán, Sebastián Arana y Juan Haberman, quienes solicitaron un encuentro directo con la presidenta para exponer soluciones y propuestas.
Demandas y prioridades planteadas
- Restablecimiento del orden público y seguridad en municipios afectados.
- Mayor inversión en cuerpos policíacos estatales y capacitación.
- Acciones efectivas para detener y procesar a delincuentes con impunidad.
- Medidas orientadas a recuperar la confianza inversionista y proteger empleos.
El reclamo del sector privado se da en un contexto donde la pérdida de empleos formales y la disminución de patrones ante el IMSS representan un retroceso en la recuperación económica regional. Los empresarios advierten que, de no atenderse el problema de fondo, la tendencia podría profundizarse y reducir aún más la capacidad productiva de Sinaloa.
Desde la perspectiva empresarial, la exigencia no es sólo de seguridad pública, sino de una estrategia integral que combine acciones de prevención, procuración de justicia y apoyo a la economía local para evitar más cierres y migración forzada de familias. La solicitud de diálogo directo con la titular del Ejecutivo federal marca la intención de llevar la queja más allá de las instancias locales y subraya la percepción de urgencia que existe en el sector privado sinaloense.
La expectativa ahora es conocer si la petición para entablar un diálogo con la Presidencia será atendida y qué medidas concretas propondrá el Gobierno federal para revertir la pérdida de empleos y la caída en la actividad comercial documentada por los propios empresarios.
