En Yucatán emergen señalamientos sobre un presunto favorecimiento en el programa Vivienda para el Bienestar al registrarse la compra de terrenos por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y su posterior entrega a título gratuito a una empresa privada vinculada a la familia Lago Molina.
Operación y montos
De acuerdo con la documentación revisada por el medio que dio a conocer la investigación, el Infonavit habría adquirido 45 hectáreas en el municipio de Umán por un monto de 267 millones de pesos, para luego transferir la posesión a la empresa Yucasa S.A. de C.V. sin recibir contraprestación económica. A través de un contrato directo, la firma obtuvo la adjudicación para construir un fraccionamiento denominado Punta Cruz Eco que incluiría 5,360 viviendas por un monto global de 2,948 millones de pesos.
Fechas y procedimiento cuestionado
El expediente indica que el proyecto inició en junio de 2025 y fue supervisado institucionalmente desde entonces; sin embargo, la escritura formal que acreditó la compra del terreno por parte del Infonavit se completó hasta el 1 de septiembre de 2025. Es decir, las obras o, al menos, la operación del proyecto se encontraban en marcha cuando la titularidad del terreno aún permanecía en manos de un particular, según el reporte.
Vínculos políticos y empresariales
La investigación también refiere que David Lago Ancona figura entre los empresarios que han brindado respaldo económico y patrocinio a campañas de la llamada Cuarta Transformación, tanto a nivel federal como en Yucatán. En la entidad, el Infonavit es encabezado por Mauricio Sahuí Rivero, según los documentos citados por el medio.
- Terreno: 45 hectáreas en Umán
- Precio de compra: 267 millones de pesos
- Empresa beneficiaria: Yucasa S.A. de C.V. (vinculada a la familia Lago Molina)
- Proyecto: Punta Cruz Eco, 5,360 viviendas
- Monto del contrato: 2,948 millones de pesos
- Inicio de operaciones: junio de 2025; escrituración del terreno: 1 de septiembre de 2025
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Superficie | 45 hectáreas |
| Compra | 267 millones de pesos |
| Contrato | 2,948 millones de pesos (5,360 viviendas) |
| Fechas clave | Proyecto inició en junio de 2025; escrituración el 1 de septiembre de 2025 |
Cuestiones de transparencia y legalidad
La entrega gratuita de bienes públicos a una empresa que, según la nota de investigación, mantiene lazos familiares con empresarios beneficiados por contratos del Estado plantea preguntas sobre la legalidad y la transparencia en la adjudicación de proyectos. El uso de contratos directos en obras de esta magnitud suele generar demandas de aclaración por parte de la sociedad civil y especialistas en administración pública.
Impacto local y dudas ciudadanas
En el corredor conurbado de Mérida, proyectos inmobiliarios de gran escala alteran dinámicas de suelo, servicios y movilidad. La presunta transferencia sin pago de terreno público a una desarrolladora privada también abre la discusión sobre quién se beneficia con políticas de vivienda social y cómo se garantizan la equidad y la rendición de cuentas en la ejecución de recursos federales en el estado.
Actores institucionales
La nota periodística que dio a conocer estos hechos atribuye la responsabilidad institucional a la delegación estatal del Infonavit, encabezada en Yucatán por Mauricio Sahuí Rivero, y documenta el expediente CO-PVB-028-2025 como parte de la entrega del proyecto a la constructora.
Mientras persisten las interrogantes sobre los procedimientos, los yucatecos y las autoridades locales deberán exigir transparencia sobre la adquisición del suelo, los criterios de adjudicación y las condiciones financieras reales del proyecto. En una región donde el territorio es memoria y futuro, la gestión pública del suelo suscita preocupación y demanda claridad.
Este medio continúa la verificación de documentos y buscará las versiones oficiales correspondientes para ampliar la información y presentar respuestas de las partes involucradas.
