La detención de dos directores de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México desató señalamientos sobre la existencia de una presunta red de extorsión en esa dependencia, dijo el diputado local Octavio Martínez Vargas, quien calificó el hecho como una situación “muy grave” que requiere investigación por parte de las autoridades competentes.
Llamado a autoridades para esclarecer los hechos
Ante las detenciones, el legislador exigió que varias instancias estatales actúen de manera coordinada para investigar y, en su caso, sancionar a quienes resulten responsables. Entre los organismos mencionados solicitó la intervención de la Contraloría del Gobierno estatal, el Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y el Tribunal de Justicia Administrativa.
“Es una situación muy grave”,
Martínez Vargas señaló que las detenciones responden a denuncias sobre prácticas que habrían afectado a propietarios de verificentros y estaciones de servicio, y cuestionó la actuación de servidores públicos que, según las imputaciones, habrían incurrido en conductas contrarias a la ley.
Posibles consecuencias administrativas y penales
El diputado del grupo parlamentario de Morena subrayó que, de acreditarse las responsabilidades, deberán aplicarse las sanciones previstas por las normas. En su planteamiento insistió en que los implicados deberían ser destituidos, inhabilitados para ocupar cargos públicos y, si corresponde, enfrentar procesos penales.
También enfatizó que las supuestas conductas denunciadas resultarían incompatibles con los principios de la agenda de la Cuarta Transformación, que en la entidad encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y, a nivel federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que pidió que las investigaciones permitan aclarar los alcances de las irregularidades y determinar roles y responsabilidades.
Reparaciones y transparencia en la dependencia
El reclamo del diputado incluye no solo la sanción de personas, sino la necesidad de que las autoridades revelen el alcance de la supuesta red: quiénes hubieran participado, los mecanismos empleados y las afectaciones producidas a concesionarios y particulares. Martínez Vargas demandó que se haga una revisión exhaustiva para evitar que prácticas irregulares persistan dentro de la administración pública ambiental.
- Denuncia principal: presunta red de extorsión en la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México.
- Afectados señalados: propietarios de verificentros y estaciones de servicio.
- Órganos solicitados para investigar: Contraloría estatal, FGJEM, Poder Judicial, OSFEM y Tribunal de Justicia Administrativa.
| Órgano | Rol requerido |
|---|---|
| Contraloría del Gobierno estatal | Investigar posibles faltas administrativas |
| Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) | Apertura de carpetas y determinación de responsabilidad penal |
| Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) | Revisión de manejo de recursos y procedimientos |
| Tribunal de Justicia Administrativa | Resolución de sanciones administrativas |
El planteamiento del diputado también pone el foco en la posible afectación a la función pública y a la confianza ciudadana en la gestión ambiental local. En su pronunciamiento insistió en que las sanciones, de comprobarse las irregularidades, deben incluir la separación del servicio público y la inhabilitación para ocupar cargos, además del enjuiciamiento correspondiente.
Hasta el momento, la información difundida refiere solo a la detención de dos directivos y a la exigencia legislativa de investigaciones; no se han dado a conocer más detalles públicos sobre las indagatorias, las imputaciones precisas ni las medidas cautelares que se hayan impuesto. La petición del diputado es que los órganos competentes procedan con celeridad y transparencia para esclarecer los hechos.
Este episodio plantea preguntas sobre los controles internos en una dependencia cuya misión debe velar por el cumplimiento de normas ambientales, así como por los mecanismos de protección frente a prácticas corruptas que pueden afectar tanto al ambiente como a actores privados que prestan servicios vinculados a la regulación ambiental.
