Chile cumple cien años de protección de naturaleza, pero el aniversario pone en evidencia que pasar del decreto a la conservación efectiva es la tarea pendiente. Según la Encuesta Nacional de Medio Ambiente y Cambio Climático 2026 – Ipsos / Centro de Acción Climática PUCV, solo un 3% de los consultados sitúa al cambio climático y la crisis ambiental entre los tres principales problemas del país, mientras que un 87% considera importante o muy importante que el Estado se haga cargo del medio ambiente mediante políticas públicas.
Paradoja: baja priorización pública y alta demanda de políticas
Los datos muestran una transformación en la percepción ciudadana: la preocupación ambiental pierde tracción como preocupación abstracta, pero reaparece con fuerza cuando se materializa en problemas concretos —fauna en peligro, aire contaminado, costos de energía, disponibilidad de agua, incendios, inundaciones, enfermedades o vulnerabilidad urbana—. Esa tensión entre percepción y demanda pública marca los debates recientes en Chile sobre financiamiento y acción estatal.
El sistema de áreas protegidas chileno ha sido destacado internacionalmente, calificado como «de clase mundial» por Francisco Solís, de Pew.
“de clase mundial”
No obstante, la calificación técnica contrasta con la realidad administrativa: la conservación aún opera con recursos insuficientes, advierten especialistas. El reto del segundo siglo de protección será asegurar que los instrumentos jurídicos y decretos se traduzcan en medidas sostenidas en tiempo y recursos.
Normas ambientales pendientes y efectos en salud
En paralelo a la discusión sobre áreas protegidas, persisten problemas regulatorios que afectan la salud pública. El retiro, cinco meses atrás, de 43 decretos ambientales dejó pendientes normas clave, como las referentes a MP2,5 (material particulado fino) y a las emisiones de termoeléctricas. La presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, advirtió que postergar estas normas implica prolongar enfermedades, hospitalizaciones y muertes evitables.
- 3%: porcentaje que sitúa el cambio climático entre los tres principales problemas del país (Encuesta Ipsos 2026).
- 87%: porcentaje que considera importante que el Estado asuma responsabilidades ambientales mediante políticas públicas.
- 43: decretos ambientales retirados cinco meses atrás, según la crónica.
Indemnizaciones ambientales y responsabilidades del Estado
Otro foco es la discusión sobre quién asume el costo cuando un permiso ambiental otorgado por el Estado es declarado ilegal. El Tribunal Constitucional rechazó un mecanismo de indemnización ambiental que buscaba compensar a empresas cuyas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) fueran anuladas por tribunales. A pesar de ello, la Secretaría de Hacienda anticipó que explorará alternativas para reemplazar la figura rechazada.
La pregunta sigue abierta: si la autorización estatal resulta inválida, ¿quién asume la pérdida económica? En el centro del debate están la protección del medio ambiente, la seguridad jurídica y la equidad en la asignación de cargas entre empresas, comunidades y el propio Estado.
| Elemento | Dato |
|---|---|
| Encuesta Ipsos / Centro de Acción Climática PUCV (2026) | 3% (cambio climático entre los 3 problemas principales); 87% (importancia de la acción estatal) |
| Decretos ambientales retirados | 43 |
El aniversario de un siglo de protección revela así un patrón recurrente en la política ambiental: logros normativos y de diseño institucional que no se traducen automáticamente en gestión adecuada ni en financiamiento sostenido. La experiencia chilena subraya una lección relevante para la región: la creación de áreas protegidas es solo el paso inicial; su conservación efectiva requiere recursos, monitoreo, normas ambientales robustas y mecanismos claros de responsabilidad cuando el marco jurídico falla.
Tanto la demora en normas de calidad del aire como el debate sobre indemnizaciones muestran cómo la salud pública, la justicia ambiental y la integridad de las políticas de conservación están interconectadas. En ese cruce se decidirá si el segundo siglo de áreas protegidas en Chile será solo un nombre o el comienzo de una gestión más ambiciosa y financiada.
