El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora dejó prescribir 103 expedientes sancionadores en materia ambiental entre 2023 y 2025, según recoge una resolución del Procurador del Común de Castilla y León en la que se analiza de oficio el retraso en la tramitación de procedimientos sancionadores ambientales en las nueve provincias de la comunidad.
Dimensión de las cifras
Durante el periodo objeto de examen, el servicio provincial recibió un total de 1.315 denuncias. De ellas, 479 no llegaron a convertirse en expediente sancionador —el 36,43% del total—; además de los 103 expedientes prescritos, otros seis caducaron antes de concluir su tramitación.
| Concepto | Datos |
|---|---|
| Denuncias recibidas | 1.315 |
| Denuncias sin iniciar expediente | 479 (36,43%) |
| Expedientes prescritos | 103 |
| Expedientes caducados | 6 |
Responsabilidad administrativa y cobertura jurídica
La resolución, registrada como expediente 69/2026 y tramitada como actuación de oficio, tiene como asunto el «retraso en la tramitación de expedientes sancionadores en materia de medio ambiente» y señala como centro directivo a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León.
Un aspecto relevante que destaca el Procurador del Común es que la provincia de Zamora presenta una cobertura completa de las plazas jurídicas vinculadas a la tramitación de estos procedimientos. En otras provincias la demora sí se vincula, al menos en parte, a vacantes en puestos jurídicos: por ejemplo, Burgos cuenta con dos plazas jurídicas sin cubrir.
En consecuencia, la resolución subraya que la existencia de plazas ocupadas en Zamora «no permite atribuir directamente» la alta cifra de prescripciones a la falta de personal jurídico, lo que deja abierta la cuestión de qué otras causas han provocado que más de un centenar de expedientes sancionadores hayan caducado por prescripción.
Implicaciones y preguntas abiertas
Las cifras reflejan, según la resolución, un doble problema: por un lado, la elevada proporción de denuncias que no llegaron a iniciarse como expediente sancionador; por otro, la pérdida de capacidad sancionadora efectiva por la prescripción y caducidad de procedimientos ya iniciados. Ambos fenómenos pueden afectar al cumplimiento de la normativa ambiental y minar la percepción pública sobre la eficacia de la administración ambiental provincial.
- Transparencia: la alta tasa de denuncias que no transformaron en expediente plantea dudas sobre los criterios y los filtros aplicados.
- Eficacia administrativa: la prescripción de 103 expedientes evidencia fallos en la tramitación que impiden sancionar incumplimientos.
- Responsabilidad política: al estar cubiertas las plazas jurídicas, el informe plantea la necesidad de identificar otras causas organizativas o procedimentales.
La resolución forma parte de una actuación global del Procurador del Común que analiza los retrasos en la tramitación en las nueve provincias de la comunidad autónoma, aunque el caso de Zamora adquiere especial atención por las cifras y por la ausencia de vacantes en su plantilla jurídica, lo que invita a explorar factores estructurales o de gestión interna en lugar de atribuir los problemas solo a la falta de personal.
Consecuencias prácticas
La prescripción de expedientes sancionadores tiene efectos tangibles: deja sin respuesta administrativa hechos que pudieron suponer daños o incumplimiento de la normativa ambiental y reduce la disuasión frente a nuevos incumplimientos. Además, la acumulación de denuncias sin tramitar puede generar desconfianza ciudadana y sobrecarga administrativa futura.
La resolución del Procurador del Común no sólo cuantifica la problemática, sino que obliga a la Consejería responsable a aclarar y, en su caso, corregir procedimientos para evitar que actuaciones en materia de protección ambiental queden sin respuesta por motivos de tramitación.
El expediente 69/2026 pone el foco en la necesidad de mejorar los mecanismos de gestión y control administrativos para garantizar que denuncias y expedientes se tramiten con la diligencia que exige la protección del medio ambiente.
