El extremo del torrente des Cirer, que desemboca en la playa de es Codolar, dentro del Parque Natural de ses Salines (Sant Josep, Ibiza), presenta nuevamente una capa superficial de color verdoso y un aspecto y olor putrefacto que indican la presencia de materia contaminante, según informaciones locales.
Antecedentes y cronología de los hechos
El Ayuntamiento de Sant Josep cerró al público la playa de es Codolar el pasado 7 de agosto después de que un análisis detectara valores de E. coli y enterococos intestinales por encima de los límites permitidos, atribuibles a la presencia de aguas fecales. Tras labores de limpieza, el consistorio anunció la reapertura el 11 de agosto al confirmar nuevas analíticas con resultados dentro de los parámetros aceptables para el baño. No obstante, las labores de saneamiento no han evitado que el torrente vuelva a presentar signos evidentes de contaminación.
| Fecha | Hecho |
|---|---|
| 7 de agosto | Cierre de la playa por analíticas que detectaron E. coli y enterococos por encima de los límites. |
| 11 de agosto | Reapertura tras limpieza y nuevos análisis favorables. |
| Fecha reciente | Regreso de la capa verdosa y olor putrefacto en el torrente des Cirer. |
Reacciones: administración, empresa y ecologistas
La aparición reiterada de la contaminación ha provocado una cascada de reacciones. La organización ecologista Alianza por el Agua anunció la intención de llevar el caso a la Fiscalía. Su presidente, Rafael Tur, atribuyó la procedencia del vertido a instalaciones vinculadas al aeropuerto y formuló una serie de acusaciones sobre el sistema de abastecimiento y tratamiento de agua que, según él, desembocan en el parque natural.
«El aeropuerto no está conectado a la red pública de agua»; «para desalarla, se lleva a cabo un proceso con una desaladora que no está aprobada».
En respuesta, Aena negó anomalías en las analíticas realizadas a las depuradoras previas a julio y apuntó que los datos de meses posteriores no estaban disponibles en ese momento. La sociedad gestora reconoció que, en episodios de alta demanda o durante tormentas, algunos aliviaderos de las sucesivas etapas de depuración pueden llegar a desbordarse, lo que provoca la salida de «algo de agua». Aena insistió en que ese caudal es inocuo porque se trata de agua «ya tratada» y subrayó la existencia de distintos sistemas de evacuación en la zona.
Impacto en un espacio protegido y consecuencias
El vertido afecta a un entorno protegido: es Codolar forma parte del Parque Natural de ses Salines, un área reconocida por su valor paisajístico y ecológico. La presencia reiterada de materia fecal plantea riesgos sanitarios para los bañistas y puede tener efectos adversos sobre la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos del entorno.
La situación mantiene en tensión a las administraciones locales, la empresa gestora de infraestructuras aeroportuarias y colectivos ecologistas. Entre las posibles consecuencias figuran inspecciones administrativas, la toma de nuevas muestras y análisis, y la posibilidad de actuaciones judiciales en caso de que se confirme responsabilidad por vertidos ilegales o fallos en los sistemas de tratamiento.
Medidas pendientes y preguntas sin resolver
De momento, las actuaciones ejecutadas han consistido en labores de limpieza y en la realización de analíticas para evaluar la aptitud del agua para el baño. No obstante, permanecen sin aclarar varios puntos citados por las partes implicadas, entre ellos:
- La trazabilidad exacta del origen de los vertidos que han afectado al torrente des Cirer.
- El estado y la autorización de las instalaciones de desalado o tratamiento mencionadas por los ecologistas.
- Los resultados completos y actualizados de las analíticas de depuración posteriores a julio, a los que aludió Aena.
El reingreso de material contaminante en un cauce que desemboca en un paraje protegido obliga a mantener la vigilancia y a intensificar las comprobaciones técnicas. Las próximas actuaciones dependerán de los informes de laboratorio, de las inspecciones administrativas y, en su caso, de las decisiones judiciales que puedan derivarse de las denuncias anunciadas por colectivos ecologistas.
El caso vuelve a colocar en el centro del debate la gestión de las infraestructuras hídricas en zonas sensibles y la coordinación entre administraciones y empresas para evitar daños ambientales en espacios de alto valor natural.
