La ampliación de la desaladora de agua del mar de Torrevieja, la mayor en producción de Europa, afronta su tramo final con un coste que se ha elevado hasta 98,23 millones de euros y con plazos que obligarán a retrasar su entrada en funcionamiento hasta principios de 2027. La actuación, destinada a aumentar la capacidad de la planta de 80 a 120 hectómetros cúbicos anuales, concentra todavía tareas pendientes que condicionan su utilidad para el riego y el abastecimiento.
Coste y modificaciones contractuales
El contrato inicial de adjudicación, suscrito con la UTE formada por Ferrovial, Cadagua y Sacyr, fue de 89,49 millones de euros (IVA incluido). Tras cuatro modificaciones publicadas por Acuamed —la empresa estatal responsable de la gestión de las desaladoras—, el precio final asciende a 98,23 millones, lo que supone un incremento acumulado del 9,77% respecto a la adjudicación original. El sobrecoste, repartido entre cambios técnicos, nuevos precios, ajustes de medición y sustitución de unidades, eleva la inversión en 8,74 millones sobre la cifra inicial.
Plazos y retrasos
Los trabajos comenzaron a mediados de 2024 con un plazo de obra previsto de 20 meses. La fecha de finalización, inicialmente fijada para mediados de 2026, ya fue ampliada en siete meses y, según declaraciones del presidente de Acuamed, Francisco Javier Baratech, será necesario posponerla de nuevo para que la planta entre en servicio a principios de 2027.
«Será necesario prolongar la fecha de nuevo para que entre en funcionamiento a principios de 2027»
Infraestructuras complementarias sin proyecto
La ampliación incorpora nuevas instalaciones y maquinaria, además de duplicar la captación y el bombeo del mar próximo al dique de Poniente del puerto de Torrevieja y levantar una nave de más de 4.000 metros cuadrados. Sin embargo, iniciativas anunciadas para reducir el elevado consumo energético de la planta y mejorar la distribución del agua no están aún desarrolladas.
En concreto, la planta solar anunciada en febrero de 2024 por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía carece de anteproyecto. Asimismo, buena parte de las comunidades de regantes con concesión de recursos hídricos siguen sin conexión directa a la infraestructura, lo que limita la capacidad de la ampliación para atender de forma eficiente la demanda agrícola.
- Objeto principal: elevar la capacidad de 80 a 120 hm3/año.
- Adjudicataria: UTE Ferrovial–Cadagua–Sacyr.
- Coste final: 98,23 millones de euros (incremento del 9,77%).
- Inicio de obras: mediados de 2024; entrada en servicio prevista: principios de 2027.
- Pendientes: anteproyecto de la planta solar y conexiones para regantes con concesión.
Impacto local y demandas del sector agrario
La ampliación se considera una infraestructura básica para los regantes vinculados al trasvase Tajo-Segura, colectivo que durante años cuestionó el precio y la calidad agronómica del agua desalada. Ahora, ante la falta de alternativas hídricas, regantes y empresas agrícolas reclaman los caudales de la desaladora y solicitan ayudas estatales para asumir el coste del recurso.
La obra pretende ofrecer una respuesta a la creciente demanda de agua en la comarca, pero las carencias en los proyectos complementarios y los sobrecostes han generado incertidumbre entre usuarios y administraciones sobre la capacidad real de la ampliación para servir de inmediato a toda la red prevista de regadíos.
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Capacidad actual | 80 hm3/año |
| Capacidad prevista | 120 hm3/año |
| Adjudicación inicial | 89,49 M€ (IVA incluido) |
| Importe tras modificaciones | 98,23 M€ |
| Aumento porcentual | 9,77% |
La conclusión de la ampliación en Torrevieja supondrá un incremento notable en la disponibilidad de agua desalada para consumo y riego en la Comunidad Valenciana y otras zonas receptoras del trasvase, pero su impacto efectivo dependerá de la ejecución de las infraestructuras energéticas y de conexión que todavía no han sido desarrolladas. Mientras tanto, el calendario y el coste definitivo continúan siendo objeto de seguimiento por parte de las administraciones y los usuarios afectados.
