Lo que comenzó en Soria como un proyecto experimental en 2006 con la colocación de una primera cámara en el monte ha escalado hasta convertirse en una herramienta central de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para la detección precoz y la gestión de incendios forestales. El sistema de videovigilancia, cuya fase piloto se inició en la provincia soriana, complementa la labor de las torres de vigilancia y los equipos de extinción.
Expansión y alcance del sistema
Tras la instalación inicial en Soria, se extendieron dispositivos similares a la comarca zamorana de Sanabria y a la zona de El Bierzo (León). A partir de 2022, la Junta reorientó el proyecto para implantarlo de forma generalizada en todas las provincias de la Comunidad. Para final de año está previsto que haya 160 cámaras operativas repartidas por los montes de Castilla y León, con el objetivo de alcanzar las 204 cámaras en 2027.
Tecnología y capacidades
Las cámaras instaladas cuentan con potentes sistemas de zoom capaces de detectar movimientos a larga distancia —según la información facilitada, hasta 30 kilómetros— y permiten la observación en tiempo real desde los puestos de mando y los centros provinciales. Los responsables señalan que esas imágenes facilitan la toma de decisiones rápidas ante conatos de incendio y sirven para coordinar las tareas de extinción desde los mandos operativos.
«No se trata de sustituir a los vigilantes, al contrario, se trata de complementar su trabajo y de sumar esfuerzos en la misma dirección»
La afirmación corresponde al ingeniero forestal Juan Barroso, técnico de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y responsable de la implantación del sistema.
Coste y cobertura
Cuando el despliegue esté completado en 2027, la inversión total habrá ascendido a 7,7 millones de euros. Con las 204 cámaras previstas, la Junta estima que se podrá tener visión directa de más de la mitad del territorio de la Comunidad, lo que supondría un salto en capacidad de detección temprana y en el apoyo a los dispositivos terrestres y aéreos de extinción.
- Inicio del proyecto: 2006 (Soria, cámara piloto).
- Estado actual (2026): 160 cámaras en Castilla y León.
- Objetivo 2027: 204 cámaras, cobertura de más del 50% del territorio.
- Inversión total prevista: 7,7 millones de euros.
Complemento a la vigilancia humana
Los técnicos insisten en que la red de cámaras no reemplaza a los vigilantes de las torres ni a los efectivos sobre el terreno, sino que actúa como complemento. La detección puede proceder de distintas fuentes —el teléfono de emergencias 1-1-2, agentes medioambientales, vigilantes de torres o los propios operadores de las cámaras— y, frente a una alerta, los centros provinciales de mando tienen ahora la capacidad de visualizar en tiempo real la incidencia para valorar su gravedad y desplegar recursos.
La implantación del sistema responde a la necesidad de mejorar tiempos de reacción y reducir la superficie afectada por incendios, un objetivo que cobra especial importancia en provincias con amplias masas forestales y dispersión poblacional como Soria. La tecnología posiciona a la provincia como origen de un proyecto que ahora asume carácter autonómico, pero su eficacia real dependerá de la coordinación con los recursos humanos y de la capacidad de mantenimiento y actualización de los equipos.
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Cámara piloto | Soria, 2006 |
| Cámaras operativas (2026) | 160 |
| Objetivo (2027) | 204 |
| Inversión total prevista | 7,7 millones de euros |
| Alcance de detección | Hasta 30 km (zoom) |
En el plano local, la iniciativa reafirma el papel de Soria como banco de pruebas para soluciones de protección del monte que luego se trasladan al conjunto de la Comunidad. El siguiente reto será comprobar en los próximos años si la cobertura técnica se traduce en reducciones significativas en el número y la extensión de incendios, y si el sistema mantiene su operatividad en situaciones extremas como episodios de calor o condiciones meteorológicas adversas.
Por ahora, la evolución del proyecto coloca a Soria en el origen de una estrategia que aspira a vigilar más de la mitad de Castilla y León y a reforzar la respuesta ante uno de los riesgos ambientales más relevantes para la región.
