El Ministerio de Salud y Protección Social emitió el 16 de agosto la Circular Externa 0028 de 2026, con disposiciones extraordinarias para asegurar la continuidad de la atención sanitaria tras el terremoto de magnitud 7,4 que tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, el pasado 10 de agosto. La normativa establece obligaciones concretas para las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con el objetivo de evitar la interrupción de servicios y garantizar el acceso a insumos y tratamientos a la población afectada.
Obligaciones para las EPS
La circular exige a las EPS mantener operativas sus redes de prestación de servicios y, cuando sea necesario, adaptarlas mediante ampliaciones, reconfiguraciones o sustituciones. Las entidades deben además comunicar de forma inmediata cualquier alteración en rutas, redes o puntos de atención para facilitar la coordinación con las autoridades y las instituciones de salud locales.
Entre las responsabilidades específicas señaladas por el Ministerio figura la atención continuada a personas desplazadas temporalmente y a pacientes derivados desde centros de salud que resultaron afectados por el seísmo. Asimismo, las EPS están obligadas a asegurar el suministro de medicamentos y tecnologías en salud, incluyendo los insumos que se hayan perdido o destruido a causa del evento.
Alcance del desastre y necesidad de respuesta
El sismo se ha reportado como uno de los más graves de los últimos años en Colombia, con impacto en amplias zonas del país. Las cifras oficiales actualizadas la mañana del 16 de agosto reflejan el alcance humanitario y material que motiva la adopción de medidas extraordinarias por parte del Ministerio:
- 120.238 familias afectadas.
- 4.187 personas con lesiones.
- 143 desaparecidos.
- 354 personas rescatadas por equipos de emergencia.
- 289 fallecidos.
- Impacto en 15 departamentos y 450 municipios.
| Indicador | Cifra |
|---|---|
| Familias afectadas | 120.238 |
| Heridos | 4.187 |
| Desaparecidos | 143 |
| Rescatados | 354 |
| Fallecidos | 289 |
| Departamentos afectados | 15 |
| Municipios afectados | 450 |
Implicaciones prácticas y retos
La norma busca impedir que la destrucción de infraestructura sanitaria deje sin atención a comunidades enteras, imponiendo a las EPS la obligación de reorganizar sus redes según la demanda emergente. Esta adaptabilidad incluye la apertura de nuevos puntos de atención, la reubicación temporal de servicios y la coordinación con hospitales o centros de referencia para recibir a pacientes trasladados desde áreas dañadas.
Otro aspecto relevante es la garantía del acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias. La circular exige medidas para reemplazar insumos perdidos y mantener cadenas de suministro operativas, un desafío logístico dada la extensión geográfica del desastre y la afectación de vías y servicios básicos en múltiples municipios.
Las autoridades nacionales y los equipos de respuesta continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más golpeadas. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y los equipos de emergencias han sido los encargados de consolidar las cifras oficiales, que reflejan tanto el impacto humano como la magnitud del trabajo de recuperación que resta por delante.
Coordinación y seguimiento
La circular obliga a las EPS a notificar inmediatamente cualquier cambio en la estructura de atención, lo que facilita la supervisión por parte del Ministerio y la coordinación interinstitucional. El seguimiento de estas medidas será clave para evaluar si la reconfiguración de redes está logrando mitigar las interrupciones en la atención y para detectar cuellos de botella en el suministro de fármacos y dispositivos médicos.
En las próximas semanas, las autoridades sanitarias deberán combinar la gestión de la emergencia con la planificación de la recuperación de la infraestructura sanitaria afectada, mientras se garantiza la continuidad en la atención de quienes han perdido su vivienda o han sido desplazados por el seísmo.
