La Generalitat Valenciana ha diseñado una nueva planificación para la red autonómica de Puntos de Encuentro Familiar (PEF) Judiciales cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de noviembre de 2026. En esa reorganización la provincia de Alicante contará con siete sedes centralizadas —Alicante, Alcoy, Benidorm, Dénia, Elda, Elche y Orihuela—, lo que supone que el municipio de Torrevieja queda excluido de la red y que toda la atención de la comarca de la Vega Baja quedará concentrada en Orihuela.
Qué son los Puntos de Encuentro Familiar y por qué importan
Los Puntos de Encuentro Familiar son servicios públicos especializados que facilitan y supervisan los encuentros entre menores y sus progenitores u otros familiares cuando así lo determina un juez o una autoridad competente. Se trata de espacios neutrales y seguros en los que profesionales —psicólogos, educadores, trabajadores sociales y otros técnicos— supervisan las visitas en situaciones de elevada conflictividad, entre ellas separaciones con procesos judiciales o casos relacionados con violencia de género.
«Los Puntos de Encuentro Familiar son un servicio público especializado destinado a garantizar que los menores puedan mantener la relación con sus padres, madres u otros familiares cuando así lo acuerda un juez o una administración competente.»
La finalidad declarada de estos centros es proteger a los menores, garantizar su bienestar y facilitar el cumplimiento de resoluciones judiciales en un entorno adecuado, evitando confrontaciones y ofreciendo apoyo tanto a las niñas y los niños como a sus familias.
Reacción política y demandas locales
El Grupo Municipal Socialista de Torrevieja ha denunciado públicamente la desaparición del recurso en la ciudad y ha exigido a la Generalitat una rectificación. La portavoz del grupo, Bárbara Soler, ha subrayado la relevancia del servicio para numerosas familias de Torrevieja y ha solicitado que la planificación incluya una sede en la ciudad dada la dependencia real del recurso por parte de la población local.
La decisión de centralizar las sedes implica, según los socialistas locales, un empeoramiento del acceso al servicio para familias de la Vega Baja que hasta ahora contaban con instalaciones más cercanas y que ahora deberán desplazarse, en muchos casos, hasta Orihuela.
Impacto sobre la comarca y acceso al servicio
La reorganización autonómica concentra en siete núcleos la prestación de PEF en la provincia, lo que plantea dudas sobre la capacidad del sistema para atender la demanda y sobre los tiempos y costes de desplazamiento para las familias afectadas. Desde Torrevieja, asociaciones y profesionales implicados en atención a la infancia podrían verse obligados a coordinarse con sedes distantes, con el consiguiente aumento de la complejidad logística en procesos ya de por sí delicados.
- Fecha de entrada en vigor: 1 de noviembre de 2026.
- Sedes en la provincia: Alicante, Alcoy, Benidorm, Dénia, Elda, Elche y Orihuela.
- Consecuencia local: Torrevieja queda excluida de la nueva red autonómica.
| Provincia | Sedes PEF (2026) |
|---|---|
| Alicante | Alicante, Alcoy, Benidorm, Dénia, Elda, Elche, Orihuela |
| Vigencia | Desde 1 de noviembre de 2026 |
El traslado de la atención a sedes centralizadas plantea además preguntas prácticas: ¿cómo se garantizará la continuidad del seguimiento en procesos en curso? ¿se habilitarán medios telemáticos para reducir desplazamientos? ¿qué efectos tendrá la medida sobre la detección temprana de riesgos para menores en situaciones vulnerables? La información pública difundida por la Generalitat hasta la fecha no detalla soluciones específicas para estos interrogantes.
Próximos pasos y expectativas
El PSOE local ha solicitado formalmente una rectificación de la ordenación prevista y la apertura de vías de diálogo con la Conselleria competente para que Torrevieja mantenga una sede o, al menos, se habiliten mecanismos que minimicen el impacto sobre las familias de la ciudad y su entorno. En paralelo, vecinos y entidades sociales vigilarán la aplicación del nuevo mapa de Puntos de Encuentro Familiar y reclamarán medidas que garanticen el acceso efectivo y seguro al servicio.
La entrada en vigor del nuevo mapa autonómico está todavía a más de dos meses; hasta entonces se espera que las administraciones implicadas faciliten información adicional sobre la organización del servicio, criterios de redistribución y recursos previstos para atender a los usuarios desplazados por la centralización.
