MADRID/CEUTA — El reconocimiento público del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre el «compromiso» alcanzado con Marruecos para que «hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos» choca con un entramado jurídico y administrativo nacional que impide, en la práctica, ejecutar devoluciones masivas inmediatas desde Ceuta.
Un objetivo político con límites legales
Desde el pasado 30 de julio, cuando miles de personas cruzaron la frontera y entraron en Ceuta, la cuestión de la repatriación ha adquirido una dimensión política y mediática. El Ejecutivo ha destacado el diálogo con Rabat como avance diplomático; sin embargo, fuentes jurídicas y administrativas recuerdan que la legislación española contiene salvaguardias y procedimientos que deben respetarse, especialmente en lo relativo a menores.
Según datos oficiales citados por el Gobierno, del total de personas que accedieron a Ceuta —una cifra que en algunas comparecencias se sitúa alrededor de 80.000—, todavía quedarían en la ciudad entre 8.000 y 11.000 personas en situación irregular, y entre ellas figuran 1.527 menores que siguen bajo algún tipo de protección o seguimiento por parte de las autoridades.
| Concepto | Cifra citada |
|---|---|
| Entradas totales referidas por el Gobierno | 80.000 |
| Personas que seguirían en Ceuta | 8.000–11.000 |
| Menores en la ciudad | 1.527 |
Protecciones que imposibilitan repatriaciones inmediatas
El principal escollo legal son las garantías de derechos humanos incorporadas en la normativa española. La Ley de Extranjería obliga, ante la presencia de un «extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad», a activar los mecanismos de protección: los servicios de protección de menores deben prestar asistencia, y el Ministerio Fiscal, junto con servicios sanitarios, iniciar una valoración de la edad.
Solo si se determina que no es menor de edad podría, en su caso, iniciarse un procedimiento distinto; en cambio, si la persona es menor, queda bajo la responsabilidad de los servicios de protección y cualquier traslado depende de la constancia de las circunstancias familiares y de los informes que emitan las autoridades del país de origen.
«Prioridad» es, según el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el «reagrupamiento familiar», aunque admitió que estos procesos requieren tiempo y pueden no ser aplicables en todos los casos.
El proceso descrito por los responsables públicos obliga a actuaciones individualizadas: la Administración debe recabar del país de origen informes sobre las «circunstancias familiares» y escuchar al propio menor si su grado de madurez lo permite. Además, los informes del Ministerio Fiscal y de los servicios de protección son determinantes antes de que pueda autorizarse cualquier traslado internacional.
Consecuencias prácticas para Ceuta
En la práctica, estas exigencias suponen que muchas de las repatriaciones previstas por la vía diplomática se demorarán o, en algunos casos, no podrán llevarse a cabo. Para la ciudad autónoma, afectada por el impacto social, sanitario y de servicios de la llegada masiva, significa mantener durante semanas o meses un número relevante de personas dependientes de recursos públicos y de dispositivos de atención.
- Protección de menores obliga a valoración individualizada de edad y circunstancias.
- Repatriaciones requieren coordinación con Marruecos y documentación previa.
- Las declaraciones políticas no suplen los trámites jurídicos y administrativos.
Los responsables autonómicos y estatales han insistido en la necesidad de combinar la presión diplomática con y la actuación administrativa respetando la legalidad española y los tratados internacionales. Esa combinación, según fuentes del Gobierno, es la que dará forma final a las devoluciones que finalmente se ejecuten.
La tensión política por la situación en Ceuta continúa siendo elevada, y las palabras de los ministros reflejan la intención política de disminuir la presencia de personas llegadas irregularmente. No obstante, el entramado normativo y las garantías sobre la protección infantil constituyen barreras que acotan la viabilidad de la promesa gubernamental de retorno total.
En los próximos días, las autoridades deberán actualizar las cifras y detallar los calendarios y procedimientos previstos para los distintos colectivos, en especial los menores, cuyo retorno o reagrupamiento familiar depende de evaluaciones individuales y de la colaboración internacional que se logre establecer.
