La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado la declaración como testigos de tres consejeros del Gobierno de Ceuta y de tres agentes de la Policía Nacional en el marco de la investigación por la entrada masiva de migrantes ocurrida a finales de julio. La resolución amplía las diligencias y solicita documentación e informes de varias instituciones, según el auto al que ha tenido acceso este diario.
Alcance de las diligencias y citaciones
La magistrada ha programado las comparecencias de los tres miembros del Ejecutivo ceutí para el 27 de octubre en tres franjas horarias consecutivas: a las 10:00, 11:00 y 12:00. Al día siguiente, el 28 de octubre, han sido convocados para declarar como testigos tres policías nacionales que estaban de servicio en distintos momentos durante la crisis, también en turnos de 10:00, 11:00 y 12:00.
| Persona | Cargo | Fecha y hora citación |
|---|---|---|
| Alberto Ramón Gaitán | Consejero | 27/10, 10:00 |
| Nabila Benzina | Consejera | 27/10, 11:00 |
| Alejandro Ramírez | Consejero | 27/10, 12:00 |
| Inspector identificado por el CNI | Policía Nacional | 28/10, 10:00 |
| Subinspector 1 identificado por el CNI | Policía Nacional | 28/10, 11:00 |
| Subinspector 2 identificado por el CNI | Policía Nacional | 28/10, 12:00 |
Documentación e inteligencia requerida
Además de las declaraciones personales, la resolución judicial solicita a diversas autoridades la remisión de materiales y registros vinculados a la gestión de la crisis. Entre las peticiones figuran:
- Actas, notas, correos electrónicos, borradores y cualquier documentación relacionada con reuniones celebradas el 27, 28 y 30 de julio de 2026.
- Grabaciones procedentes de cámaras de videovigilancia, drones y sistemas de control fronterizo desde el 30 de julio.
- Informes de inteligencia y seguridad emitidos por la Comandancia de Ceuta que obren en el Ejército de Tierra entre el 15 de julio y el 7 de agosto de 2026.
- Informes del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y cualquier otro documento que pueda aportar luz sobre la anticipación y la gestión del flujo migratorio.
La juez dirige las solicitudes, entre otros, a la Ciudad Autónoma de Ceuta, a la Delegación del Gobierno y al Ejército de Tierra, que debe entregar los informes mencionados.
Identificación de un confidente y seguimientos del CNI
En el auto la magistrada requiere a la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta que identifique a un individuo conocido como «Ahmed», al que algunos funcionarios describieron como un interlocutor habitual del instituto armado en la frontera con Marruecos. La instrucción también pide localizar a los guardias civiles o policías que tuvieron contacto con esa persona para citarlos a declarar.
«interlocutor constante y fiable»
La mención al confidente se suma a la documentación que la magistrada ya ha incorporado a la causa tras recibir un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En ese informe, el servicio de inteligencia señala que las autoridades marroquíes habrían tenido conocimiento previo de que se preparaba la entrada masiva de personas a Ceuta los días 30 y 31 de julio y que sus responsables eran conscientes de que se iba a producir ese flujo.
Contexto procesal y alcance de la investigación
Las diligencias contra la que se dirige la investigación responden a diligencias abiertas por un posible delito contra la paz e independencia del Estado a raíz de los episodios vividos en la frontera. La juez Tardón ha ido aumentando el caudal probatorio solicitado para determinar qué información manejaban las distintas instancias —locales, autonómicas y estatales— y en qué grado influyeron esas circunstancias en la respuesta frente a la avalancha migratoria.
La convocatoria de consejeros y agentes, unida a las peticiones documentales, abre una fase en la que la instrucción tratará de esclarecer la secuencia de avisos, comunicaciones internas y actuaciones sobre el terreno en los días previos y posteriores al suceso.
Impacto en Ceuta
La actuación judicial mantiene la atención mediática y política sobre la gestión de la crisis, que continúa siendo objeto de controversia en Ceuta. La ampliación de diligencias puede implicar requerimientos adicionales de documentación a la Administración local y a mandos policiales y militares, y podría prolongar la instrucción en las próximas semanas.
Las citaciones fijadas y la solicitud de grabaciones e informes aportarán elementos objetivos que la juez utilizará para determinar responsabilidades y aclarar los hechos. La causa sigue abierta y las instituciones citadas están llamadas a colaborar con la documentación requerida.
Corresponsal en Ceuta
