El Ministerio de Transición Ecológica ha renovado la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), lo que permitirá que sus dos reactores continúen en funcionamiento hasta el año 2030. La medida modifica el calendario previsto, ya que inicialmente el cierre estaba fijado para finales de 2027 en uno de los equipos y para octubre de 2028 en el otro.
Motivación oficial y origen del trámite
El Ministerio atribuye la decisión al nuevo contexto energético internacional y a la volatilidad del precio del gas, derivada de la crisis en Oriente Medio, como factores que justifican prolongar la explotación de la central. El procedimiento se inició oficialmente en octubre de 2025, a raíz de la petición formal presentada por las tres sociedades propietarias de la planta: Iberdrola, Endesa y Naturgy.
Reacciones políticas y sectoriales
La prórroga ha desatado fricciones dentro del Ejecutivo y críticas de la oposición y de organizaciones ecologistas. Desde Sumar, socio del Gobierno, se acusa al PSOE de incumplir el pacto de coalición y de ceder a «presiones corporativas». El partido considera que mantener la operación de las unidades nucleares no responde a criterios técnicos, medioambientales ni de competitividad, y que la decisión supone un retroceso para la hoja de ruta energética.
«Frena la transición energética e hipoteca a la ciudadanía», indican fuentes de Sumar sobre la prórroga.
El Partido Popular ha interpretado la autorización como el reconocimiento del fracaso de la política energética del Ejecutivo, subrayando que el Gobierno se estaría rectificando tras años de defensa del cierre progresivo del parque nuclear. En paralelo, organizaciones ecologistas han calificado la medida como un «error histórico» por su impacto ambiental y por prolongar los riesgos asociados a la energía nuclear.
Debate sobre precedentes y posible efecto en otras plantas
La decisión de Almaraz ha reabierto el debate sobre si otras centrales activas podrían obtener prórrogas similares. La patronal catalana Foment del Treball ya ha solicitado que se contemple la misma fórmula para las instalaciones de Ascó y Vandellòs. No obstante, fuentes del Ejecutivo insisten en que este permiso responde a circunstancias excepcionales y no constituye un precedente automático para el resto de centrales nucleares del país.
- Inicio del trámite: octubre de 2025, a petición de Iberdrola, Endesa y Naturgy.
- Nuevos plazos: operación hasta 2030 para ambos reactores.
- Reacciones: enfrentamiento en la coalición (Sumar vs. PSOE), críticas del PP y de ecologistas.
| Elemento | Situación anterior | Situación tras la prórroga |
|---|---|---|
| Reactor 1 | Cierre previsto: finales de 2027 | Operación autorizada hasta 2030 |
| Reactor 2 | Cierre previsto: octubre de 2028 | Operación autorizada hasta 2030 |
Consecuencias y perspectivas
Además del choque político inmediato dentro de la coalición, la autorización plantea interrogantes sobre la transición energética y la planificación a medio plazo del sistema eléctrico español. Para Sumar, prolongar la vida útil de los reactores supone retrasar la descarbonización apoyada en renovables y encarecer la energía para la ciudadanía, mientras que el Gobierno subraya la necesidad de responder a riesgos de suministro y a la incertidumbre en los mercados internacionales.
La polémica también introduce presión sobre la gestión del calendario de cierre de otras centrales nucleares activas. Si bien el Ejecutivo niega que la decisión siente precedente, la petición de la patronal para extender plazos en Ascó y Vandellòs anticipa un debate técnico y político que probablemente se mantendrá abierto en los próximos meses.
La autorización de Almaraz culmina, por ahora, un trámite iniciado en 2025 que complica el equilibrio interno del Gobierno y reactiva la confrontación entre prioridades de seguridad de suministro y objetivos de descarbonización.
