El Mecanismo Nacional de Prevención, dependiente del Defensor del Pueblo, mantiene abierto el expediente sobre la Unidad de Hospitalización Breve de Salud Mental del Hospital Universitario Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Albacete tras la inspección realizada los días 12 y 13 de febrero de 2025. La actuación, de carácter preventivo y sin relación con una queja concreta, se prolongó en un proceso de seguimiento que llega hasta la última actualización pública de julio de 2026.
Alcance de la inspección y acompañamiento técnico
Durante la visita, los técnicos recorrieron las instalaciones, entrevistaron a profesionales y pacientes y examinaron historias clínicas, ingresos, tratamientos y medidas de contención. El equipo que efectuó la supervisión contó con especialistas externos, entre ellos una médico forense y un psiquiatra, según consta en el expediente público.
Medidas incorporadas por la Consejería y recomendaciones aún pendientes
Desde la inspección, la Consejería de Sanidad ha ido incorporando «buena parte» de las medidas planteadas por el Defensor del Pueblo para mejorar el funcionamiento de la unidad. Entre las actuaciones implementadas se citan nuevos registros y protocolos y cambios relacionados con la medicación, las medidas de contención y la atención a pacientes menores de edad.
No obstante, el expediente actualizado en julio de 2026 refleja que permanecen en trámite varias recomendaciones. El Defensor del Pueblo siguió reclamando información adicional sobre aspectos especialmente sensibles y detectó que al menos una recomendación fue explícitamente rechazada por la Administración.
Videovigilancia: cámaras en habitaciones y zonas comunes
Uno de los puntos que más llamó la atención de los inspectores fue el sistema de videovigilancia. En el momento de la visita existían cámaras en todas las habitaciones y en las zonas comunes de la unidad. Según el documento, estas cámaras permitían la visualización de imágenes en directo pero no captaban sonido ni efectuaban grabaciones.
El Defensor del Pueblo distinguió entre la vigilancia de zonas comunes —que puede estar justificada en determinadas circunstancias— y la presencia de cámaras dentro de habitaciones, una medida que plantea dudas sobre la intimidad y los derechos de las personas ingresadas si no existe una regulación y una justificación clínica y legal apropiadas.
Contenciones y trato a menores
La supervisión también prestó especial atención a las prácticas de contención y a la atención de menores en la unidad. Los técnicos revisaron protocolos y registros relacionados con ingresos y sujeciones, y evaluaron las modificaciones que la Consejería ha ido introduciendo. A pesar de los avances administrativos y protocolarios, el Defensor del Pueblo continuó solicitando documentación e información complementaria sobre casos concretos y sobre la eficacia de las medidas adoptadas.
- Fechas clave: inspección los días 12 y 13 de febrero de 2025; seguimiento hasta julio de 2026.
- Aspectos revisados: videovigilancia, controles de contención, historias clínicas, medicación y atención a menores.
- Equipo inspector: Mecanismo Nacional de Prevención acompañado por una médico forense y un psiquiatra.
El expediente público refleja una doble realidad: por un lado, la adopción de numerosas medidas por parte de la Administración sanitaria; por otro, la persistencia de interrogantes que exigen transparencia y respuestas concretas para garantizar la protección de derechos fundamentales de las personas ingresadas en unidades de salud mental.
| Elemento | Situación en visita (febrero 2025) | Estado en julio 2026 |
|---|---|---|
| Videovigilancia | Cámaras en habitaciones y zonas comunes; imagen en directo; sin grabación | Requiere aclaraciones y documentación adicional |
| Protocolos y registros | Inspección de registros e historias clínicas | Implementación de nuevos registros y protocolos |
| Contenciones y medicación | Revisión de medidas aplicadas | Cambios introducidos; seguimiento en trámite |
La intervención del Defensor del Pueblo subraya la necesidad de supervisión externa en contextos sanitarios donde confluyen seguridad, derechos humanos y atención clínica. La exigencia de información complementaria por parte del mecanismo supervisor muestra también la importancia de la documentación y de procedimientos claros para justificar intervenciones que afectan a la libertad y la intimidad de las personas.
La evolución de este expediente será un indicador relevante sobre cómo integran las administraciones autonómicas las recomendaciones de órganos estatales de control en materia de salud mental y sobre el nivel de protección de los derechos de los pacientes en dispositivos de hospitalización breve.
