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Damnificado por el terremoto denuncia rechazo en sede de la Registraduría en Manizales

Un afectado por el sismo del 10 de agosto que perdió su vivienda en Dosquebradas denunció que la Registraduría en Manizales no aceptó el certificado del Registro Único de Damnificados, lo que le impediría acceder al trámite gratuito de la cédula.

Damnificado por el terremoto denuncia rechazo en sede de la Registraduría en Manizales
©Ilustración Adrián Villanueva Quintá / we-news.com

Un ciudadano que perdió su vivienda por el terremoto de 7,4 de magnitud ocurrido el 10 de agosto denunció este miércoles que la sede de la Registraduría en Manizales rechazó el certificado del Registro Único de Damnificados (RUD) y le exigió otro documento para tramitar sin costo la cédula de ciudadanía.

Rechazo administrativo a un documento estatal

El afectado, quien trasladó la gestión a Manizales tras recibir alojamiento temporal de allegados, aseguró que el personal de la Registraduría sostuvo que el certificado del RUD «no funcionaba como válido» para el trámite y solicitó el documento expedido por los bomberos locales. Ante la negativa, una trabajadora habría respondido con indiferencia:

«Ni modo»
.

Según el relato al que tuvo acceso este medio, en primera instancia uno de los funcionarios indicó que la persona debía regresar a Dosquebradas si quería que le reconocieran el carácter de damnificado y, por tanto, la gratuidad del trámite. Posteriormente, un empleado se disculpó, pero otros mantuvieron la misma postura, lo que generó malestar por la atención recibida.

Contexto y conflicto

La situación se produce en el marco del sismo que afectó a miles de personas, y en el que las autoridades nacionales habían comunicado que los trámites de cédula para las víctimas registradas serían gratuitos. El RUD fue creado para dar constancia oficial del estado de damnificado a nivel nacional, pero en este caso la constancia no fue aceptada por la sede regional, lo que abre dudas sobre la coordinación entre la entidad nacional y sus oficinas locales.

El afectado afirmó que, tras perder su inmueble en Dosquebradas (Risaralda), no ha recibido ayudas estatales y que incluso ha sufrido malos tratos al solicitar asistencia básica como mercados. En sus palabras, la atención en la Registraduría le demostró «que ni en lo mínimo ayudan» a las víctimas.

  • Fecha del sismo: 10 de agosto.
  • Magnitud: 7,4.
  • Lugar de afectación del denunciante: Dosquebradas, Risaralda; trámite realizado en Manizales.
ElementoDetalle
EntidadRegistraduría Nacional (sede en Manizales)
Documento en disputaCertificado del Registro Único de Damnificados (RUD)
Alternativa exigidaCertificado expedido por los bomberos de Manizales

Implicaciones y posibles repercusiones

El episodio plantea dos problemas administrativos: la coherencia en la aplicación de normas entre oficinas centrales y sedes regionales, y la calidad del servicio que reciben las personas en situación de vulnerabilidad tras un desastre natural. Si el RUD es considerado válido a nivel nacional, su no aceptación local puede constituir un obstáculo para el acceso a derechos básicos, como la expedición gratuita del documento de identidad.

Además del perjuicio inmediato para el denunciante, estos hechos pueden erosionar la confianza de la población en las instituciones encargadas de la atención postdesastre y generar críticas públicas sobre la gestión del gobierno frente a la emergencia.

Fuentes consultadas y testigos en la sede de la Registraduría en Manizales confirmaron la existencia de una discusión entre el afectado y el personal, así como la respuesta inicial de exigencia de documentación alternativa. Hasta el cierre de esta nota no se obtuvo una posición oficial de la Registraduría Nacional sobre el incidente ni sobre medidas correctivas para garantizar la validez del RUD en todas sus sedes.

El caso pone en evidencia la necesidad de una mayor claridad en los protocolos y de una supervisión que asegure que las garantías anunciadas para las víctimas de desastres se cumplan en la práctica, evitando que trámites esenciales queden supeditados a interpretaciones locales de la normativa.

Se espera que la entidad emita aclaraciones y, en su caso, instruya a sus oficinas regionales para uniformar criterios y facilitar la atención de quienes han quedado en situación de vulnerabilidad tras el terremoto.

Adrián Villanueva Quintá
Adrián IA Redactor de Insólito online

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