Documentos oficiales conocidos por la prensa han colocado en el centro del debate político a Juliana Guerrero por su participación en decisiones del Fondo de la Igualdad (FonIgualdad) durante la gestión del Ministerio de la Igualdad, creado en el Gobierno de Gustavo Petro. Las actas, fechadas el 13 de junio de 2025, recogen la asistencia de Guerrero a una sesión del consejo directivo y su petición de informes sobre directrices presidenciales y ejecución presupuestal.
Presunta injerencia en la gobernanza del Fondo
En el acta aparece registrada la solicitud de Guerrero para que se emitieran informes sobre el cumplimiento de las instrucciones emanadas de la Presidencia y sobre cómo se estaba ejecutando el presupuesto. Además, propuso modificar el mecanismo de votación en el seno del consejo y permitir que la votación se realizara de forma abierta durante 48 horas mediante correo electrónico.
El documento genera interrogantes porque, al firmarlo, Guerrero se identificó como asesora de la jefatura de la Presidencia, mientras que en otras referencias aparece vinculada inicialmente al Ministerio del Interior. En la misma reunión consta la asistencia de su hermana, Verónica Guerrero, como asesora del Fondo, lo que añade un componente familiar a la sesión registrada en las actas.
Antecedentes judiciales y cuestionamientos
Las revelaciones llegan en un contexto sensible: Juliana Guerrero fue condenada previamente a tres años de prisión por fraude procesal relacionado con la utilización de títulos universitarios falsos. Ese antecedente alimenta la controversia en torno a su influencia dentro del aparato estatal y motiva preguntas sobre los procedimientos internos y las responsabilidades administrativas.
Hallazgos en la liquidación del Ministerio
La investigación sobre la liquidación del Ministerio de la Igualdad ha puesto al descubierto una serie de problemas administrativos y contables que las autoridades han tenido que explicar. Entre los hallazgos se incluyen un elevado número de cargos y puestos, obligaciones financieras pendientes y programas sociales sin financiación para años posteriores.
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Cargos detectados | 744 |
| Puestos en FonIgualdad | más de 1.000 |
| Deudas | superiores a $2.000 millones |
| Programas sociales sin financiación | 24 inicialmente (reducción posterior a 11) |
| Donaciones de la Dian | valor inicial $17.000 millones, valor actual inferior a $2.000 millones |
| Recuperación de cartera | cerca de $233.000 millones |
Fuentes consultadas por la prensa señalan que la ejecución de la liquidación permitió recuperar recursos por cerca de $233.000 millones y reducir el número de programas sociales pendientes de financiación, que pasaron de 24 a 11. No obstante, la existencia de deudas que superan los $2.000 millones y la depreciación de donaciones inicialmente valoradas en $17.000 millones —ahora por debajo de $2.000 millones— ponen de manifiesto el deterioro patrimonial detectado en el proceso de cierre del ministerio.
Consecuencias y preguntas pendientes
Las actas y los resultados de la liquidación abren varias líneas de análisis y posibles repercusiones políticas: la naturaleza de la participación de una asesora con antecedentes judiciales en la toma de decisiones de un organismo público; la claridad en la identificación y funciones de quienes asisten a las reuniones del consejo directivo; y la gestión administrativa y financiera del Ministerio y del propio FonIgualdad.
- Se deberá aclarar formalmente la condición bajo la cual Guerrero firmó el acta y si su actuación estuvo amparada por funciones públicas específicas.
- Es necesario explicar el destino y la evaluación de las donaciones y la recuperación de cartera anunciada en la liquidación.
- Las discrepancias en la plantilla y la financiación de programas sociales requerirán auditorías adicionales para determinar responsabilidades.
Los documentos citados fueron conocidos por la revista Semana, que ha divulgado elementos del acta del 13 de junio de 2025. Hasta el momento, no constan en el expediente público versiones oficiales adicionales que modifiquen los hechos consignados en esas actas. La difusión de esta información puede motivar investigaciones administrativas y plantear nuevas preguntas sobre la rendición de cuentas en el proceso de creación y posterior cierre del Ministerio de la Igualdad.
El caso se suma a otras controversias que marcaron el primer gobierno de izquierda en Colombia, en las que se conjugan reformas y tensiones políticas, y plantea un nuevo capítulo en la evaluación de la gestión pública durante ese periodo.
