El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado la propuesta de acuerdo para solicitar al Consejo Consultivo de Canarias el dictamen sobre un proyecto de decreto que reforma la regulación de los centros y servicios destinados a la atención de las personas en situación de dependencia en el archipiélago. La iniciativa pretende actualizar la normativa autonómica a los criterios comunes del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y simplificar los procedimientos administrativos para facilitar la incorporación de recursos.
Objetivos y alcance del proyecto
Según explicaciones de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, el texto busca «no solo adaptar la normativa canaria a los nuevos criterios mínimos comunes de acreditación y calidad del SAAD, aprobados el 28 de junio de 2022, sino también agilizar la intervención administrativa y permitir la incorporación de nuevos servicios y recursos en esta red de atención». El proyecto de decreto sustituiría al actual Decreto 67/2012, de 20 de julio, que regula hasta ahora los centros y servicios en materia de dependencia en Canarias.
«No solo adaptar la normativa canaria a los nuevos criterios mínimos comunes de acreditación y calidad del SAAD... sino también agilizar la intervención administrativa y permitir la incorporación de nuevos servicios y recursos en esta red de atención» — Candelaria Delgado
Principales novedades
Entre las modificaciones que introduce el borrador destacan, de forma destacada, la separación entre el régimen de funcionamiento y el régimen de acreditación de centros y servicios. Con esta diferenciación, el funcionamiento quedaría sujeto a un mecanismo de declaración responsable, mientras que la acreditación seguiría un régimen específico y diferenciado, pensado para simplificar los trámites administrativos.
- Declaración responsable para el funcionamiento de centros y servicios, con la intención de reducir cargas administrativas.
- Régimen de acreditación diferenciado, que pretende agilizar el reconocimiento de capacidades y la incorporación de recursos al sistema público.
- Sustitución del Decreto 67/2012 como marco regulador vigente hasta ahora.
El texto incorpora asimismo un régimen específico de declaración responsable para la acreditación, una medida dirigida a acelerar la entrada de nuevos proveedores y servicios en la red pública de atención a la dependencia, acortando tiempos de tramitación y eliminando trámites innecesarios.
Implicaciones administrativas y de calidad
La reformulación normativa pretende conciliar dos objetivos: mantener los estándares de calidad y acreditación contemplados en los criterios comunes del SAAD, aprobados en 2022, y al mismo tiempo reducir la burocracia que, según la Consejería de Bienestar Social, dificulta la rápida puesta en marcha de nuevos recursos residenciales y de atención domiciliaria.
La diferenciación entre funcionamiento y acreditación implica que la apertura y operación cotidiana de un centro pueda avanzar mediante una declaración responsable, mientras que la acreditación, que certifica el cumplimiento de requisitos de calidad y servicio, sería objeto de un procedimiento separado, posiblemente más exhaustivo pero con trámites simplificados.
| Aspecto | Situación actual | Propuesta |
|---|---|---|
| Marco normativo | Decreto 67/2012 (20 de julio) | Nueva normativa que adapta el SAAD (criterios de 28-06-2022) |
| Funcionamiento | Regulado por decreto vigente | Se regirá por declaración responsable |
| Acreditación | Procedimiento único | Régimen diferenciado y declaración responsable de acreditación |
El Ejecutivo regional ha presentado el proyecto como un instrumento para reducir los plazos administrativos y facilitar la incorporación de nuevas plazas y servicios a la red pública, sin disminuir las garantías de calidad exigidas por el SAAD. La solicitud del dictamen al Consejo Consultivo abre ahora la fase de análisis jurídico y técnico antes de su posible aprobación definitiva.
El resultado del trámite con el Consejo Consultivo y la redacción final del decreto definirán el alcance concreto de las medidas, los requisitos para la declaración responsable y los criterios que habrán de cumplirse para la acreditación diferenciada. Los cambios anunciados pueden tener repercusiones tanto para entidades públicas como privadas que prestan servicios de atención a la dependencia en Canarias, así como para las personas usuarias y sus familias en cuanto a la oferta y rapidez de acceso a recursos.
