La organización agraria Asaja Castilla‑La Mancha ha anunciado su retirada del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) en señal de protesta contra la intención de la Junta de la Comunidad de someter a consideración una modificación de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible. Según la entidad, la reforma introduciría por primera vez en España una prohibición expresa y automática de las labores agrícolas —incluida la cosecha— cuando el Índice de Propagación Potencial (IPP) alcance niveles naranja o rojo.
Ruptura institucional por discrepancias en la tramitación
Asaja sostiene que solicitó formalmente que la propuesta no se sometiera de forma precipitada a debate en el CAMA y reclamó tiempo para evaluar los efectos y dialogar con las organizaciones profesionales agrarias de la región. Al no obtener esa posposición, su presidente y vicepresidente —José María Fresneda y Juan José Laso— optaron por abandonar el órgano consultivo como muestra de rechazo a la forma en que se está gestionando el proceso.
«El Gobierno regional pretende, por primera vez en España, introducir por ley una prohibición expresa y automática de las labores agrícolas, incluida la cosecha, cuando el IPP sea naranja o rojo»
Asaja argumenta que la Junta justifica la iniciativa en lo previsto por la Ley de Montes estatal, reformada en 2022, pero que dicha modificación nacional no exige cambios de este calado en la normativa autonómica. La organización considera que la propuesta regional excede lo establecido en la ley estatal y la interpreta más como una medida orientada a generar titularidad pública que como una respuesta a una obligación legal.
Contexto normativo y ámbito de aplicación
La reforma de la Ley de Montes aprobada en 2022 obligó a las comunidades autónomas a elaborar planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Asaja recuerda que ese marco contempla medidas organizativas y de planificación y que, a su juicio, son esos planes anuales los instrumentos adecuados para regular las actividades vulnerables al riesgo de incendio, no una prohibición automática incorporada a la ley autonómica.
| Norma | Hecho relevante |
|---|---|
| Ley 3/2008 de Montes (Castilla‑La Mancha) | Objeto de propuesta de modificación presentada por la Junta |
| Modificación Ley de Montes (Estado), 2022 | Establece obligación de planes anuales de prevención y extinción |
| Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) | Asaja abandona el órgano por desacuerdo con la tramitación |
Repercusiones y reivindicaciones del sector agrario
La salida de Asaja del CAMA abre una nueva fase de tensión entre la Junta y una organización representativa del campo. La patronal agraria exige un periodo de análisis y negociación para valorar las consecuencias prácticas de una eventual prohibición legal de las labores agrícolas en situaciones de riesgo elevado, en particular sobre la cosecha de cultivos que se realiza en fechas concretas y cuya paralización podría acarrear daños económicos.
Asaja reclama además que cualquier restricción se aborde desde los planes anuales de incendios, con medidas proporcionales y coordinadas entre administraciones, en lugar de establecer prohibiciones automáticas por vía legislativa sin un estudio previo de impacto sectorial.
- Actores implicados: Junta de Comunidades de Castilla‑La Mancha y Asaja Castilla‑La Mancha.
- Objeto del conflicto: propuesta de modificación de la Ley de Montes autonómica.
- Consecuencia inmediata: abandono de Asaja del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA).
La controversia subraya la dificultad de compatibilizar las políticas de prevención de incendios —prioritarias en zonas con elevado riesgo— con la continuidad de las actividades agrícolas. La cuestión queda ahora en manos de la tramitación parlamentaria autonómica y de los posibles contactos que se establezcan entre la Administración regional y las organizaciones del sector para buscar una solución que combine seguridad preventiva y viabilidad económica para los agricultores.
