La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) reportó la recuperación y verificación de 29 cuerpos en el Cementerio Diocesano de Cartago, en una intervención humanitaria de ocho días que vincula casos asociados al conflicto armado y que tiene impacto directo en Risaralda.
La acción, la segunda que ejecuta la UBPD en ese camposanto —la primera se adelantó en 2025 y permitió recuperar dos cuerpos— contó con la participación articulada de los Grupos Territoriales de Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, además de un equipo de verificación procedente del nivel central en Bogotá. También participó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses mediante su unidad básica en Cartago, que aportó labores periciales e investigativas.
Qué se encontró y qué sigue
De los 29 cuerpos recuperados, la UBPD informó que 13 cumplen con los criterios para avanzar en una verificación inmediata, lo que incrementa la posibilidad de identificación y posterior entrega a familiares. Otros 11 cuerpos fueron postulados a mecanismos de identificación y verificación que maneja la entidad para casos relacionados con el conflicto.
| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Recuperados | 29 |
| Con criterio de verificación inmediata | 13 |
| Postulados a mecanismos | 11 |
La UBPD precisó que los casos corresponden a personas originarias de Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Chocó, y que la ubicación inicial de los restos en Cartago fue como personas no identificadas. Ese dato explica por qué la intervención genera impacto en departamentos vecinos, entre ellos Risaralda.
"El trabajo conjunto entre los equipos permitió avanzar de manera más ágil en la investigación y contar con información sobre el contexto de cada caso",
dijo María Alejandra Ortiz Mogotocoro, antropóloga forense del Grupo Territorial Risaralda–Quindío, según el reporte de la UBPD.
Contexto regional y magnitud del problema
La intervención adquiere especial relevancia por la dimensión de las desapariciones en el norte del Valle del Cauca. En Cartago hay al menos 244 personas desaparecidas registradas, y en los 10 municipios del norte del departamento el universo de desaparecidos ascendía a 474 con corte a diciembre de 2016, cifras que muestran la magnitud del fenómeno en la zona y su posible vinculación con restos localizados fuera del lugar de origen.
Para Risaralda, el hallazgo representa una posibilidad de esclarecer hechos y ofrecer respuestas a familias que han buscado durante años a sus seres queridos. La participación del Grupo Territorial Risaralda–Quindío reafirma la estrategia de trabajo interinstitucional que la UBPD ha venido fortaleciendo.
Implicaciones prácticas para las familias
Los avances en verificación inmediata significan que, si los análisis forenses y las pruebas de identificación (incluidas las genéticas) lo confirman, algunos restos podrán ser entregados a sus familiares en las próximas semanas o meses, según los tiempos propios de los peritajes. La UBPD y Medicina Legal serán las encargadas de coordinar los protocolos de notificación y entrega.
- Proceso técnico: verificación antropológica, cotejos documentales y pruebas genéticas.
- Coordinación: UBPD, Medicina Legal y Grupos Territoriales regionales.
- Objetivo: identificación y reparación simbólica y material de las víctimas y sus familias.
La UBPD no detalló en el informe público la identidad ni las causas de muerte de los cuerpos hallados; esas determinaciones dependen de los procedimientos forenses y judiciales que siguen su curso. Tampoco se precisa la relación caso por caso con expedientes de desaparición abiertos en Risaralda y otros departamentos, aunque la articulación entre equipos busca precisamente trazar esas conexiones.
Próximos pasos y expectativas
La entidad indicó que continuará con las labores de verificación y que espera poder avanzar en la identificación de varios de los casos. Para las familias de personas desaparecidas en Risaralda y la región, estos avances constituyen una nueva ventana para obtener respuestas después de décadas de ausencia de información.
Las autoridades territoriales y las entidades de apoyo deberán mantener el acompañamiento psicosocial y las medidas de protección necesarias durante las etapas de identificación y entrega, según el protocolo vigente en casos relacionados con el conflicto armado.
