La Asociación de Personerías de Arauca y Cubará (APAC) manifestó públicamente su respaldo a las decisiones judiciales que han impuesto límites a las operaciones aéreas ofensivas de las Fuerzas Militares cuando hay indicios de que en las zonas de ataque puedan encontrarse niños, niñas o adolescentes reclutados.
Qué ordenaron los tribunales
En un comunicado divulgado el 7 de septiembre de 2026, la APAC recordó el origen regional de la primera decisión de esta naturaleza: una tutela presentada por la Personería de Puerto Rondón que motivó la orden del 6 de julio de 2026 del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca, la cual suspendió temporalmente los bombardeos durante dos meses mientras se diseñaban protocolos para proteger a menores.
Posteriormente, el 3 de septiembre, el Juzgado 34 de Familia de Bogotá emitió una medida cautelar que obliga a la Presidencia de la República y a las Fuerzas Militares a abstenerse de ejecutar operaciones aéreas ofensivas cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de menores víctimas de reclutamiento. Un tercer fallo del Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare añadió restricciones temporales y ordenó evaluar alternativas operacionales menos lesivas cuando hay alertas de inteligencia sobre la presencia de menores.
| Fecha | Órgano | Decisión |
|---|---|---|
| 6 de julio de 2026 | Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca | Suspensión temporal (2 meses) de bombardeos mientras se diseñan protocolos de protección |
| 3 de septiembre de 2026 | Juzgado 34 de Familia de Bogotá | Prohibición de operaciones aéreas ofensivas cuando haya información verificable sobre menores reclutados |
| Fecha no especificada | Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare | Restricciones temporales y exigencia de evaluar alternativas menos lesivas |
Posición de las personerías
La APAC indicó que las medidas judiciales no pretenden impedir la acción de la Fuerza Pública contra los grupos armados, sino exigir mayores cautelas para proteger a los menores que hayan sido reclutados y que puedan encontrarse en las zonas de operación. La asociación llamó a la coordinación entre entidades para garantizar la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes afectados por el conflicto.
- Solicitó al Gobierno Nacional y a las Fuerzas Militares acatar las decisiones judiciales.
- Pidió a la Rama Judicial y a los organismos de control actuar de forma coordinada.
- Anunció que las personerías continuarán acompañando desde los territorios la defensa de los derechos de la infancia.
Implicaciones operacionales y legales
Las medidas ordenadas por los jueces introducen una exigencia concreta: antes de autorizar o ejecutar una operación aérea ofensiva donde exista información sobre menores reclutados, las autoridades deben verificar la situación y, de ser necesario, priorizar alternativas que reduzcan el riesgo para la población infantil. Esto implica cambios en los protocolos de planificación militar, el uso de inteligencia y la coordinación interinstitucional con entidades de protección de la infancia.
En la práctica, la restricción puede traducirse en:
- Retrasos o modificaciones en misiones aéreas hasta confirmar la presencia o no de menores.
- Mayor participación de entidades civiles y de protección para validar alertas sobre niños y adolescentes.
- Evaluación de opciones tácticas menos lesivas, como operaciones terrestres especializadas o acciones de interdicción que minimicen el impacto en población vulnerable.
Contexto regional
Arauca es uno de los departamentos más afectados por la presencia de grupos armados que, según organizaciones sociales y entidades del Estado, han recurrido al reclutamiento forzado de menores. Las decisiones judiciales citadas por la APAC responden a una preocupación por la protección de los derechos de la infancia en zonas de conflicto y a la necesidad de ajustar las prácticas militares a los estándares de derechos humanos.
Próximos pasos
La APAC exigió que las autoridades implementen los protocolos de protección, que se fortalezca la lucha contra el reclutamiento forzado y que se garantice el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales. La asociación afirmó que seguirá acompañando estos procesos desde los municipios para verificar su materialización en territorio.
Mientras tanto, las Fuerzas Militares y la Presidencia tendrán que definir cómo incorporar estas directrices a sus planes operativos sin que ello afecte, según la APAC, la capacidad legítima del Estado para enfrentar a los grupos armados.
