Intimidaciones por mensaje de texto y riesgo para la prensa
Desde el mediodía del jueves 10 de septiembre, periodistas residentes en el departamento de Arauca comenzaron a recibir mensajes de texto en los que se les atribuye una supuesta relación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se les advierte sobre las consecuencias de continuar con su trabajo. La situación fue reportada ante organizaciones defensoras de la libertad de prensa y generó preocupación entre los gremios periodísticos locales.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó las intimidaciones y solicitó que las autoridades incluyan el caso como asunto prioritario en el Consejo de Seguridad convocado para este viernes. La organización pidió además que se adopten medidas de protección para los comunicadores y que se investiguen los hechos de forma diligente.
“algunos mensajes recibidos por los periodistas contienen frases como: ‘altoparlantes del ELN’ y están ‘prohibido seguir ese juego o no responden’”
Un escenario histórico de presión contra la prensa
Arauca arrastra una larga historia de amenazas y agresiones contra profesionales de la comunicación. La FLIP recordó que durante la década de 2000 al menos 16 periodistas fueron desplazados del departamento tras recibir intimidaciones por parte de grupos armados como las Autodefensas y las FARC. Ese antecedente, sumado a la violencia reciente, sitúa al departamento entre las regiones con mayores riesgos para el ejercicio periodístico en Colombia.
Según la organización, Arauca ocupa el tercer lugar a nivel nacional en número de agresiones contra periodistas y cerca del 48 % de esos incidentes corresponden a amenazas. Ese patrón hace que cualquier estigmatización pública —como la difusión de mensajes que vinculan a comunicadores con grupos armados— pueda derivar en peligros físicos o en censura autoimpuesta.
Qué piden las organizaciones y qué medidas se esperan
La FLIP solicitó a las autoridades competentes no solo priorizar el análisis del asunto en el Consejo de Seguridad, sino también adoptar medidas concretas para proteger a los periodistas que denunciaron las intimidaciones. Entre las acciones reclamadas están:
- Evaluaciones de riesgo personalizadas para los comunicadores afectados.
- Medidas de protección preventivas y temporales mientras avanzan las investigaciones.
- Indagaciones claras que permitan identificar a los responsables de los mensajes.
Las demandas apuntan a impedir que estos señalamientos se normalicen y terminen escalando en agresiones físicas o desplazamientos forzados de trabajadores de la comunicación en el departamento.
Impacto local: temor y autocensura
En un contexto donde la seguridad ya está deteriorada, la difusión de acusaciones públicas contra periodistas suele generar efectos múltiples: incremento del temor entre quienes hacen cobertura de temas sensibles, reducción de las coberturas sobre conflicto y seguridad, y presión para que los medios modifiquen sus agendas editoriales.
Organizaciones de periodistas y defensoras de derechos humanos han señalado que la estigmatización es una de las herramientas más eficaces para aislar informadores en territorios con presencia de actores armados. La posibilidad de que un mensaje de texto publique una acusación sobre la filiación política o armada de un profesional puede convertirlo en blanco directo de retaliaciones.
Datos clave
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Periodistas desplazados (década de 2000) | 16 |
| Posición nacional en agresiones contra prensa | 3 |
| Proporción de incidentes que son amenazas | 48 % |
Qué pueden hacer los periodistas y la comunidad
Ante un episodio de esta naturaleza, las recomendaciones habituales de organizaciones defensoras incluyen documentar y conservar las pruebas (capturas de pantalla, registros de llamadas), reportar formalmente las amenazas a la Fiscalía y a las instancias de protección del Estado, y mantener comunicación con colectivos de prensa para articular respuestas colectivas. También es importante que medios y gremios activen canales de respaldo y solidaridad con quienes están en riesgo.
En Arauca, la convocatoria del Consejo de Seguridad del viernes será la primera instancia pública para analizar la situación y, en su caso, anunciar medidas institucionales. Las organizaciones defensoras han pedido que ese espacio derive en acciones concretas y verificables para proteger a los comunicadores, y en investigaciones que permitan identificar a los autores de las intimidaciones.
Mientras tanto, los periodistas afectados y las organizaciones que los acompañan permanecen en alerta, conscientes de que la estigmatización es, en sí misma, un mecanismo que puede aumentar la vulnerabilidad en un departamento marcado por conflictos y presencia de actores armados.
