El Registro de las Personas de la provincia de Corrientes inscribió un nuevo certificado de defunción para Carlos Tereszecuk en cumplimiento de la sentencia por el derecho a la verdad dictada en noviembre de 2025. La medida, que implica la anulación del acta original de 1976, fue adoptada como parte de las reparaciones ordenadas para la familia de la víctima.
Reconocimiento formal y datos consignados
El documento oficial, registrado como Acta N°41 Tomo N°80 Folio N°41 año 2026 en la localidad de Empedrado, consigna que el cuerpo de Tereszecuk fue rescatado de las aguas del río Paraná, frente a la costa de esa localidad correntina, y califica su muerte como homicidio calificado como crimen de lesa humanidad.
La resolución que dio origen a este trámite había sido firmada por la titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, como resultado de un proceso impulsado por la familia y acompañado por el Ministerio Público Fiscal de esa jurisdicción.
Actores que impulsaron la medida
El acompañamiento institucional estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal de Resistencia, con la participación del fiscal general Federico Carniel y los fiscales auxiliares Horacio Rodríguez y Diego Vigay, según consta en la resolución y en el informe difundido por la Fiscalía Federal.
Como parte de la ejecución de la sentencia, los familiares directos de Tereszecuk —hermanos y sobrinos— recibieron el 5 y 6 de agosto una copia del nuevo certificado inscripto en el registro civil local.
Contexto judicial y administrativo
La sentencia por el derecho a la verdad dictada en 2025 ordenó, entre otras medidas, la confección del nuevo acta y la anulación del documento original de 1976. El objetivo declarado fue integrar el acceso a la verdad sobre la desaparición forzada y la muerte del militante estudiantil, además de ofrecer una forma de reparación a sus familiares.
El fallo reconstruyó la cronología de la detención y la desaparición de Tereszecuk, quien tenía 24 años al momento del secuestro en noviembre de 1976, y atribuyó las circunstancias de su fallecimiento a prácticas represivas del terrorismo de Estado, calificadas judicialmente como delitos de lesa humanidad.
Implicancias locales
La inscripción del nuevo certificado en el Registro de las Personas de Corrientes tiene efectos simbólicos y administrativos: anula el registro anterior y deja constancia oficial de la calificación del hecho como crimen de lesa humanidad. Para los familiares, constituye una reparación formal que acompaña los reclamos de memoria, verdad y justicia.
- Reparación institucional: anulación del acta original de 1976 y emisión de nueva inscripción en 2026.
- Reconocimiento público: la muerte consignada como homicidio calificado por lesa humanidad.
- Entrega de documentación: copia del nuevo certificado entregada a familiares en agosto de 2026.
Datos clave
| Hecho | Dato |
|---|---|
| Edad al secuestro | 24 años |
| Fecha del secuestro | Noviembre de 1976 |
| Sentencia por derecho a la verdad | Noviembre de 2025 (Juzgado Federal N°1, Resistencia) |
| Inscripción del nuevo acta | Año 2026 — Acta N°41 Tomo N°80 Folio N°41 (Empedrado, Corrientes) |
El reconocimiento formal de la responsabilidad del Estado o de sus agentes en delitos de lesa humanidad, cuando así lo decide la Justicia, suele acompañarse de órdenes administrativas similares: rectificación de registros civiles, entrega de documentación a familiares y medidas que buscan restituir la verdad sobre la desaparición y muerte de las víctimas.
En este caso, la resolución judicial y la actuación del Registro provincial se enmarcan en esa lógica: además de la dimensión estrictamente judicial, se adoptaron pasos con consecuencias administrativas y simbólicas locales, particularmente para la comunidad de Empedrado y los familiares directos.
La documentación oficial y la comunicación de la Fiscalía Federal señalan que la medida responde también al principio de reparación integral establecido en la normativa y en precedentes jurisprudenciales sobre casos de violencia institucional durante el período del terrorismo de Estado.
Con la nueva inscripción, la constancia registral de la muerte de Carlos Tereszecuk queda ahora alineada con la reconstrucción judicial de los hechos y con la calificación legal adoptada por el juzgado, cerrando una etapa procesal y administrativa aunque manteniendo vigentes las demandas de memoria y justicia que acompañan este tipo de causas.
