Balance a veinte años: conservación, donaciones y reclamos por el impacto productivo
En 2026 se conmemoran dos décadas desde la finalización del “Plan de manejo y conservación de la biodiversidad en los humedales en los Esteros del Iberá” (ARG/02/G35), un proyecto que fue ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con fondos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y la cooperación de The Conservation Land Trust Argentina (hoy conocida como Rewilding Argentina), entidad vinculada entonces al empresario Douglas Tompkins.
La iniciativa, que comenzó en 2002 y concluyó en 2006, tenía por objetivo aprovechar recursos internacionales para colocar tierras bajo control con fines de conservación. En la práctica, ese proceso generó resistencias locales: productores y referentes del ámbito agropecuario denunciaron que la instrumentación del plan ocasionó un “apagón productivo” al limitar accesos y usos tradicionales del suelo.
“Dijimos ¿Cómo puede ser? ¿Cómo vamos a crecer? Encima que es pobre Corrientes, ¿querían sacarle tierras productivas, que es lo único que tenemos para generar desarrollo?”,
dijo Ana Moulin, una de las fundadoras de la ONG Iberá Patrimonio de los Correntinos, organización que nació para afrontar lo que consideraron una intromisión en la soberanía territorial.
Los impulsores locales intentaron actuar en ámbitos institucionales y mediáticos pero, según el recuento histórico local, no lograron frenar el proceso. En 2016 la Legislatura de Corrientes aprobó la cesión de dominio y jurisdicción de tierras donadas por Conservation Land Trust al Estado nacional. Posteriormente, en diciembre de 2018, se sancionó la ley 27.481 que creó el Parque Nacional Iberá con una superficie inicial declarada de 159.800 hectáreas, que luego creció hasta alcanzar 195.000 hectáreas.
Implicancias locales y preguntas sin cerrar
La transformación del uso de las tierras en Iberá plantea, a veinte años, varios ejes de análisis que siguen vigentes en Corrientes:
- Soberanía y propiedad: la compra y donación de tierras por actores internacionales cambió la composición de la propiedad y tensionó la percepción de pérdida de control sobre recursos productivos.
- Desarrollo local vs conservación: productores y organizaciones rurales sostienen que las limitaciones a la actividad productiva afectaron fuentes de sustento tradicionales.
- Política pública y ordenamiento: la cesión de jurisdicción a la Nación y la creación del parque implicaron decisiones legislativas que redibujaron la gestión pública del territorio.
El caso Iberá ilustra la tensión clásica entre proyectos de conservación impulsados con financiación internacional y las demandas por desarrollo de comunidades locales. Los actores que promovían la iniciativa argumentaban la necesidad de proteger un humedal de alto valor ambiental; los socios locales reclamaron por medidas de transición que evitaran el perjuicio económico.
| Año | Hecho |
|---|---|
| 2002 | Inicio del proyecto ARG/02/G35 (PNUD/GEF con Conservation Land Trust) |
| 2006 | Finalización del proyecto |
| 2016 | Cesión de dominio y jurisdicción de tierras donadas a la Nación (aprobada por la Legislatura de Corrientes) |
| 2018 | Sanción de la ley 27.481: creación del Parque Nacional Iberá (159.800 ha; luego 195.000 ha) |
La narrativa pública incluye además episodios de alto perfil: la figura de Douglas Tompkins y la actuación de organizaciones conservacionistas internacionales marcaron el debate político y mediático en la provincia durante la última década. Según el recuento histórico, la situación motivó la conformación de organizaciones locales como la ONG mencionada, que buscó defender la continuidad productiva y la soberanía territorial.
Qué queda por discutir en Corrientes
A dos décadas del cierre del plan, los reclamos sobre impacto productivo conviven con la consolidación del Parque Nacional y con políticas de conservación que se presentan como un activo ambiental y turístico para la región. Sin embargo, la memoria de las comunidades rurales y las organizaciones fundadas en respuesta al proyecto mantienen abiertas preguntas sobre cómo compatibilizar conservación, derechos de uso y generación de empleo local.
El balance de este proceso tiene implicancias prácticas: ordenamiento del territorio, medidas de mitigación para productores afectados, y políticas de desarrollo regional que integren la conservación con alternativas productivas. La experiencia de Iberá funciona, en Corrientes, como una referencia para futuros proyectos que involucren transferencia de tierras y programas internacionales de conservación.
