La presencia en San Juan del abogado Roberto Castillo, junto a la modelo y figura pública Cinthia Fernández, puso en el centro del debate local la causa que involucra a un empleado municipal de Angaco condenado por peculado. Castillo asumió la defensa de Facundo Nievas, quien recibió una pena de cuatro años de prisión por haber utilizado maquinarias municipales en una obra vinculada al suministro de agua en el Callejón Nievas, según consta en la sentencia.
Movida judicial y denuncias contra la gestión
En la jornada del martes 22 de septiembre, el estudio que encabeza Castillo presentó ante la Justicia dos medidas: un recurso federal contra la condena que ya quedó firme en los tribunales locales y una denuncia penal contra el intendente de Angaco, José Castro. El escrito busca aclarar varias cuestiones relacionadas con la ejecución de las tareas y la cadena de responsabilidades.
Según se consignó en la presentación, la denuncia pretende determinar:
- Quién ordenaba y autorizaba los trabajos en la obra del Callejón Nievas.
- Qué empleados y vehículos municipales intervinieron en las tareas.
- Quiénes habrían sido los beneficiarios de la intervención de las máquinas.
- Si existieron presiones sobre Nievas y si su eventual negativa a continuar con ciertas tareas estuvo vinculada con las consecuencias judiciales y laborales posteriores.
Contexto y cronología de la causa
La investigación que derivó en la condena a Nievas se originó en una denuncia que presentó la actual gestión municipal en enero de 2024, por hechos supuestamente ocurridos en mayo de 2023, cuando la intendencia estaba a cargo del bloquista Carlos Maza Peze. El fallo local impuso la pena de cuatro años, que la defensa ahora busca revertir por la vía federal.
La llegada de Castillo, abogado con perfil público y costo profesional alto, despertó preguntas sobre el origen de la contratación y la relación –si la hubiera– entre el estudio y el acusado. La presencia mediática de su pareja, Fernández, agregó un componente de exposición pública a una causa que hasta ahora se tramita en los ámbitos judiciales locales.
“Hecho de corrupción”, relató Fernández en sus historias mientras estaba en la puerta de la municipalidad de Angaco.
Repercusiones políticas y mediáticas
El arribo del equipo jurídico no se limitó al expediente: Fernández difundió relatos sobre el caso frente al edificio municipal, planteando que se trata de un episodio de corrupción. Ese abordaje mediático pone tensión en la agenda política local y obliga a la intendencia a responder ante la opinión pública además de la Justicia.
Fuentes judiciales confirmaron que el recurso federal intentará cuestionar aspectos procesales y de atribución de responsabilidad en la causa penal que ya tiene sentencia firme. Hasta el momento, el expediente no registró nuevas medidas de prueba públicas ni detenciones adicionales vinculadas al caso.
Implicancias para Angaco
En términos prácticos, el caso abre preguntas sobre el uso de recursos municipales para obras en zonas particulares y sobre los mecanismos de control interno del municipio. Los vecinos del Callejón Nievas y de sectores aledaños siguen el proceso con atención por su impacto en la gestión del agua, un servicio clave en la región.
| Hecho | Dato |
|---|---|
| Condenado | Facundo Nievas |
| Pena impuesta | 4 años de prisión |
| Denuncia original | Enero de 2024 (irregularidades detectadas en mayo de 2023) |
| Acción actual | Recurso federal y denuncia penal contra el intendente José Castro |
Qué sigue y datos para el público
El recorrido del recurso federal marcará si la causa vuelve a ser analizada por instancias superiores o si la condena se mantiene. En paralelo, la denuncia penal contra el intendente debe ser investigada por la fiscalía competente, que definirá si hay elementos suficientes para abrir una pesquisa contra funcionarios municipales.
Mientras tanto, los vecinos interesados pueden seguir las notificaciones oficiales del Juzgado que llevó la causa y las presentaciones públicas de las partes. Las audiencias próximas y los plazos procesales serán claves para determinar el alcance de las medidas presentadas por la defensa.
La movilización de un abogado de alta exposición nacional y la viralización del caso por redes dejan en evidencia la combinación entre litigio judicial y estrategia mediática. Para Angaco, la disputa plantea tanto un desafío institucional como una oportunidad para clarificar procedimientos internos sobre el uso de bienes públicos.
