En Tuxtla Gutierrez, la promesa de un Parque Ecológico de la Chiapanequidad Coyatoc se ha convertido en un foco de disputa entre vecinos, regidores y la administración municipal. La obra —anunciada con la siembra de más de 2,000 árboles, ciclopista, senderos, miradores y un lago artificial— luce hoy como un terreno abandonado donde se acumula basura y una excavación incompleta que habitantes consideran un riesgo sanitario.
Denuncia de opacidad sobre 7.5 millones de pesos
Regidores del propio Cabildo han denunciado la falta de transparencia en el manejo de los 7.5 millones de pesos que, según el Ayuntamiento, fueron destinados a la construcción y reforestación del parque. Hasta ahora, no hay información pública verificable que explique el destino final de esos recursos ni avances claros de obra que correspondan a lo prometido durante la campaña o en actos oficiales.
La inconformidad ciudadana se hizo visible en un evento reciente: durante una función de lucha libre en el Deportivo Roma, el alcalde Ángel Carlos Torres Culebro fue abucheado por asistentes que expresaron su rechazo a la administración. Para muchos pobladores, los problemas cotidianos —cortes de agua frecuentes, fallas en la recolección de basura y compromisos incumplidos— se conjugan con el presunto abandono del terreno del parque.
Estado actual del terreno y riesgos
Según testimonios de vecinos y organizaciones ambientales recogidos por medios locales, el área destinada al parque presenta:
- Acumulación de desechos y basura en el terreno baldío.
- Una zanja mal excavada que sustituyó al anunciado lago artificial.
- Riesgo sanitario en temporada de lluvias por estancamiento de agua y proliferación de vectores.
El supuesto parque ya es conocido como el “parque fantasma” o “parque de la simulación”.
La denominación popular refleja la percepción de vecinos y activistas: en lugar de un espacio público recuperado para mitigar inundaciones y ofrecer áreas verdes, hay un predio que no cumple las funciones prometidas y podría agravar problemáticas locales.
Implicaciones políticas y sociales
El caso llega en un momento en que la administración municipal enfrenta cuestionamientos por la prestación de servicios básicos. La incertidumbre sobre los recursos destinados al parque complica la narrativa del gobierno local, que ahora anuncia la intención del alcalde de buscar la reelección en la Ruta2027. Para los críticos, pedir otros tres años al frente del Ayuntamiento implica dar cuenta del ejercicio de fondos y del cumplimiento de compromisos.
Organizaciones vecinales y ambientalistas han señalado la necesidad de auditorías y de información pública accesible que permita verificar:
| Concepto | Situación conocida |
|---|---|
| Presupuesto anunciado | 7.5 millones de pesos |
| Obra prometida | Más de 2,000 árboles, ciclopista, senderos, miradores, lago artificial |
| Estado actual | Terreno baldío, basura acumulada, zanja mal excavada |
Las autoridades municipales aún no han publicado un informe detallado que explique el avance físico y financiero del proyecto ni han presentado un plan de mitigación de riesgos sanitarios en el predio.
Demandas ciudadanas y próximas acciones
Vecinos demandan claridad y que las instancias de vigilancia —tanto municipales como estatales— realicen las verificaciones necesarias. Entre las exigencias están:
- Transparencia en el destino de los 7.5 millones de pesos.
- Informe público sobre el avance y la entrega de la obra.
- Limpieza y medidas sanitarias inmediatas para evitar riesgos en temporada de lluvias.
El caso del llamado “parque fantasma” será, según analistas locales, un termómetro político para medir la percepción ciudadana ante la eventual búsqueda de reelección del alcalde. Mientras tanto, los vecinos esperan respuestas concretas y acciones que transformen el terreno en el bien público prometido o esclarezcan por qué los recursos no han generado la obra anunciada.
La polémica plantea preguntas sobre la administración de recursos públicos en Tuxtla Gutierrez y sobre la capacidad de los canales de rendición de cuentas para resolver dudas ciudadanas en proyectos que afectan la calidad de vida urbana.