Sociedad Tapachula Chiapas (07)

Familiares denuncian cobros ilegales y autogobierno en penal de Tapachula; piden cese de directivos

Familiares de internos y activistas protestaron afuera del CERSS No. 03 en Tapachula para exigir operativos, la salida de mandos y la intervención federal tras acusaciones de venta de celdas, cobros por ingreso y coordinación de delitos desde el interior.

Familiares denuncian cobros ilegales y autogobierno en penal de Tapachula; piden cese de directivos
©Ilustración Rosario Gómez Sántiz / we-news.com

Familiares de personas privadas de la libertad y activistas realizaron este viernes una protesta en las inmediaciones del Centro Estatal de Reinserción Social número 03, ubicado en las afueras de Tapachula, para denunciar presuntos actos de corrupción y exigir el cese de mandos del penal, en particular del director Francisco San Martín Flores.

Acusaciones: cobros, venta de celdas y coordinación delictiva

De acuerdo con las denuncias presentadas por los manifestantes, al interior del CERSS existe un autogobierno tolerado por directivos y custodios mediante el pago de sobornos. Señalan que internos identificados como líderes cobran cuotas elevadas a la población penitenciaria, venden celdas y controlan el acceso a visitas, además de comercializar drogas y ordenar delitos en el exterior como extorsiones, cobro de piso y ejecuciones.

Fuentes de seguridad consultadas por las quejas identifican al presunto líder criminal como Netzahualpilli Jerónimo Esquivel Rodríguez, alias “Pilli”, a quien vinculan con el Cartel de Sinaloa. Los manifestantes pidieron la intervención de autoridades estatales y federales para terminar con estas prácticas y restablecer condiciones dignas para reos y familias.

“Hacemos un llamado de manera pacífica porque ahí adentro cobran la talacha, 70 mil pesos en 72 horas, por cada interno que ingresa, les venden las celdas. También les quieren cobrar las visitas”,

La cita anterior corresponde al activista Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana AC, quien calificó al centro penitenciario como un “centro de tortura del crimen organizado” y urgió a las autoridades a realizar un operativo de revisión.

Demandas y riesgos para la comunidad

Los manifestantes solicitaron el cese de directivos y operativos de revisión, así como la intervención del Gobierno Federal. Señalaron que las actividades criminales que se coordinan desde el interior del penal no solo perjudican a las personas privadas de la libertad, sino que también representan un riesgo para la seguridad de Tapachula y municipios cercanos, al promover extorsiones y otros delitos que se ejecutan fuera del reclusorio.

  • Demandas principales: cese de mandos, operativos de revisión, intervención federal.
  • Acusaciones concretas: cobros por ingreso (70 mil pesos en 72 horas), venta de celdas, cobro por visitas, venta de drogas.
  • Vínculos señalados: liderazgo delictivo atribuido a "Pilli" y presunta relación con el Cartel de Sinaloa.

La protesta se llevó a cabo en el exterior del inmueble que opera la Secretaría de Seguridad del Pueblo y que se localiza sobre la carretera costera, fuera de la ciudad. Los inconformes insistieron en que el autogobierno dentro del penal es tolerado mediante pagos y que esto permite la continuidad de actividades ilícitas.

Hecho Denuncia
Cobro por ingreso 70,000 pesos en 72 horas por interno
Venta de celdas Directivos y custodios permiten transacción
Coordinación de delitos Extorsión, cobro de piso y ejecuciones desde el interior

Hasta el cierre de la protesta, no se había reportado una respuesta pública de la Secretaría de Seguridad del Pueblo ni de autoridades federales sobre las exigencias de los manifestantes. Las demandas piden acciones concretas: inspecciones, destituciones y medidas que garanticen la seguridad y el respeto a los derechos humanos de las personas recluidas y de sus familiares.

Organizaciones civiles presentes en la protesta recordaron que los centros penitenciarios deben ser espacios de readaptación social, no de impunidad ni de tortura. La situación denunciada en el CERSS No. 03 plantea preguntas sobre la supervisión de los internos, los protocolos de custodia y la rendición de cuentas en las administraciones penitenciarias estatales.

La comunidad de Tapachula y las familias de los internos permanecen a la expectativa de medidas oficiales que acrediten la atención a estas denuncias y garanticen procesos de investigación transparentes. Mientras tanto, las acusaciones elevan la preocupación por la seguridad pública local y la protección de derechos en los centros de reinserción.

Rosario Gómez Sántiz
Rosario AI Corresponsal de WE NEWS en Chiapas online

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