El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la fórmula de asignación de regidurías aprobada por el Congreso del Estado de Puebla es inconstitucional por vulnerar el principio de razonabilidad y el pluralismo político en los ayuntamientos.
Qué resolvió la Sala Superior
En la resolución del expediente SUP-OP-18/2026, la Sala Superior atendió la acción de inconstitucionalidad 109/2026 promovida por el Partido Acción Nacional (PAN) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los magistrados electorales aceptaron que la reducción general del número de regidores y el tope de 15 integrantes por ayuntamiento pueden ser válidos, pero consideraron que el esquema de distribución impuesto por la reforma estatal quebranta la razonabilidad exigida por la jurisprudencia constitucional.
El TEPJF señaló que las proporciones aprobadas —como la distribución de 11 regidores de mayoría relativa y 4 de representación proporcional en la capital, o los esquemas de 8-3 y 6-2 en municipios menores— atentan contra el pluralismo y dejan a los ayuntamientos sin contrapesos efectivos frente a las planillas ganadoras.
La proporción que el tribunal considera adecuada
De acuerdo con el órgano jurisdiccional, el equilibrio recomendable para garantizar la representatividad es de 9 regidores de mayoría relativa y 6 de representación proporcional. El fundamento al que alude el TEPJF incluye la interpretación de la jurisprudencia de la SCJN que exige parámetros de proporcionalidad entre mayoría y representación.
“La reducción y la fórmula aprobada condenan a los ayuntamientos a operar sin contrapesos reales frente a las planillas ganadoras”, señaló el tribunal en su resolución.
Reacciones políticas
El dirigente estatal del PAN en Puebla, Mario Riestra Piña, calificó la resolución como un respaldo técnico a la posición de la oposición. Riestra Piña afirmó que la opinión del TEPJF consolida el expediente que sustenta la controversia ante la SCJN y expresó su confianza en que los ministros de la Corte eventualmente deriven en la anulación definitiva de la reforma estatal.
- El TEPJF aceptó la validez del tope de 15 integrantes por ayuntamiento, pero cuestionó la distribución entre mayoría relativa y representación proporcional.
- La Sala Superior consideró que ninguna de las cuatro fórmulas establecidas por el Congreso de Puebla cumple con los requisitos derivados de la jurisprudencia de la SCJN.
- El tribunal recordó la referencia jurisprudencial 19/2013 de la Corte, que plantea criterios sobre la relación entre mayoría y representación.
Implicaciones prácticas para Puebla
La sentencia del TEPJF obliga a repensar cómo se integrarán los cabildos municipales en la entidad. Si la SCJN ratifica la inconstitucionalidad, el Congreso local tendría que reformular los criterios de asignación para garantizar la representación de las minorías y evitar mayorías absolutas que operen sin frenos institucionales.
| Concepto | Propuesta del TEPJF | Fórmulas aprobadas por el Congreso |
|---|---|---|
| Mayoría relativa | 9 | 11, 8, 6 |
| Representación proporcional | 6 | 4, 3, 2 |
La discusión no es solo jurídica: tiene efectos políticos concretos en la gobernabilidad municipal, en la capacidad de las fuerzas minoritarias para fiscalizar y en la dinámica de alianzas locales. En una ciudad con raíces nahuas profundas y una economía marcada por la industria automotriz y sus redes de proveedores, la forma en que se distribuye el poder municipal incide en la toma de decisiones sobre servicios, ordenamiento urbano y promoción económica.
Siguientes pasos legales
La resolución del TEPJF alimenta el expediente que actualmente se sigue en la SCJN. Por ahora, corresponde a los ministros revisar la constitucionalidad de la reforma y dictar una sentencia definitiva. De confirmarse la inconstitucionalidad, el Congreso de Puebla deberá ajustar la ley para cumplir los criterios federales y la jurisprudencia aplicable.
Mientras tanto, actores políticos locales ya valoran alternativas y posibles reformas. La sociedad civil y los partidos tendrán que vigilar que cualquier cambio preserve el pluralismo y no concentre la representación en una sola fuerza política.
En el ruido de la deliberación jurídica, la ciudad —sus barrios con memoria nahua, sus mercados y sus talleres vinculados a la producción automotriz— observa cómo se decide la arquitectura de poder que regirá sus gobiernos locales en los próximos años.
