En Progreso, Yucatán, dos funcionarios del Ayuntamiento fueron suspendidos sin goce de sueldo después de que un enfrentamiento a golpes entre ellos quedara registrado en video y comenzara a circular en redes sociales. Los involucrados son David Escalante, director de Prolimpia —la oficina encargada de la recolección de basura— y un empleado del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso (SMAPAP).
El altercado y la versión de los participantes
En la grabación se aprecia a Escalante llegar al exterior de una tienda de conveniencia visiblemente alterado, mientras varias personas intentan mediar para que la situación no escale. El trabajador del SMAPAP, en medio de la discusión, afirmó que el conflicto se originó por un incidente en su domicilio: aseguró que el hijo del director acudió a su casa y lo habría agredido y amenazado con un arma.
“Tu hijo llegó a mi casa a amenazarme y a golpearme, lo único que hice, tengo cámara, señor, tengo los videos, tengo los videos y ya fui a poner la denuncia.”
El intercambio continuó entre empujones y algunos golpes hasta que transeúntes intervinieron para separarlos. En varios momentos se escucharon reproches e insultos; en un punto el director cuestionó a su contrincante con palabras que aumentaron la tensión.
Medida administrativa y repercusiones
Ante la difusión del video, el Ayuntamiento decidió imponer una suspensión sin goce de sueldo a ambos servidores públicos. La sanción es una medida administrativa que busca responder a la conducta mostrada en el material audiovisual y a la expectativa ciudadana sobre la conducta de quienes ocupan cargos públicos.
Este tipo de sanciones, además de la sanción laboral, puede derivar en procesos internos y en la revisión de protocolos de convivencia y actuación del personal municipal, aunque hasta el momento las autoridades no han detallado si habrá otras sanciones o investigaciones complementarias.
Contexto local y expectativas ciudadanas
En comunidades del litoral yucateco como Progreso, la confianza en el servicio público es un tema sensible: los ciudadanos esperan que quienes administran servicios básicos actúen con responsabilidad tanto en el ámbito laboral como en lo personal. Un altercado de esta naturaleza, registrado en la vía pública y viralizado, contribuye a erosionar esa confianza y exige una respuesta institucional clara y transparente.
Además, la alegación del trabajador de haber presentado una denuncia y de tener grabaciones de agresiones previas introduce un elemento de seguridad y posible violencia familiar que, de confirmarse, podría atraer la atención de instancias policiacas y ministeriales.
Lo que se sabe y lo que falta por confirmar
- Confirmados: las identidades públicas de los involucrados; la existencia de un video que documenta la pelea; la suspensión administrativa sin goce de sueldo.
- Pendiente por confirmar públicamente: detalles sobre la denuncia que menciona el trabajador del SMAPAP, cualquier intervención de la Fiscalía o cuerpos policiales y las medidas internas adicionales que adoptará el Ayuntamiento.
| Elemento | Situación |
|---|---|
| Involucrados | Director de Prolimpia (David Escalante) y empleado del SMAPAP |
| Medida tomada | Suspensión sin goce de sueldo a ambos |
| Origen del conflicto (según el trabajador) | Presunta agresión y amenazas por parte del hijo del director en su domicilio |
| Registro | Video difundido en redes sociales |
Recomendaciones y pasos a seguir
Ante casos que impliquen violencia o amenazas, las autoridades municipales y ciudadanía deben atender dos rutas esenciales: la administrativa y la legal. Por un lado, la dependencia empleadora debe investigar y aplicar las sanciones laborales procedentes; por otro, las personas que sean víctimas de amenazas o agresiones deben presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes para asegurar investigación y protección.
En la península, donde la vida comunitaria y las redes familiares tienen un papel central, estos episodios también plantean la necesidad de mecanismos de prevención y resolución de conflictos dentro de las dependencias públicas, así como la capacitación en manejo de crisis y conducta ética para servidores municipales.
Seguiremos el caso y solicitaremos a la autoridad municipal información adicional sobre las indagatorias internas y cualquier acción de las autoridades judiciales relacionada con las denuncias mencionadas.
Corresponsalía en Yucatán.
