La presidenta de la República rechazó este lunes vincular al expresidente Andrés Manuel López Obrador con la crisis política en Sinaloa y negó que hubiera sostenido alguna conversación con él sobre la licencia solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya. Sus afirmaciones fueron emitidas durante la conferencia matutina del 24 de agosto de 2026, un día después de que el Congreso de Sinaloa ratificara por unanimidad la segunda solicitud de licencia indefinida del mandatario estatal.
Qué dijo la Presidencia
Ante preguntas de la prensa sobre versiones que atribuyen a López Obrador gestiones para el breve regreso de Rocha Moya al cargo, la titular del Ejecutivo calificó esas versiones como “política ficción” y explicó que ella misma se enteró del regreso del gobernador a través de una publicación que el propio funcionario difundió en sus redes sociales. Sobre el expresidente, añadió que “está muy bien, sano y contento” y mencionó además que él está por terminar o ya terminó su segundo libro, próximo a publicarse.
“Política ficción, vamos a llamarle así, porque de ciencia no tiene nada”.
Antecedentes del caso
Los hechos que explican la controversia son conocidos: Rocha Moya había permanecido separado del cargo por más de 100 días mientras la Fiscalía General de la República realizaba una investigación en su contra. En abril pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos que señalan, de forma general, a Rocha y a nueve funcionarios sinaloenses por una supuesta protección a integrantes de la familia de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Tras anunciar su regreso a la gubernatura, adujo que la FGR no encontró “los mínimos elementos de prueba” para sostener imputaciones penales en su contra.
No obstante, el retorno del gobernador duró poco: según el calendario de los hechos, permaneció en funciones alrededor de treinta horas antes de solicitar nuevamente licencia, trámite que el Congreso estatal avaló de forma unánime. La situación generó cuestionamientos sobre la coordinación política entre actores federales, estatales y la oposición, así como sobre el impacto institucional de una gubernatura en intermitencia.
Implicaciones políticas y legales
La negación de la Presidencia a una intervención directa de López Obrador en el asunto plantea dos lecturas: por un lado, busca deslindar a la figura política del expresidente de una situación que ha derivado en cuestionamientos internacionales; por otro, intenta mantener a la administración federal al margen de decisiones locales que tienen repercusiones nacionales. La existencia de una acusación por parte de una autoridad extranjera —el Departamento de Justicia de EE. UU.— añade un componente de presión diplomática y mediática que obliga a las autoridades mexicanas a transparentar el estado de las investigaciones y el debido proceso.
- 24 de agosto de 2026: Declaraciones de la Presidencia en la mañanera sobre el caso.
- Abril de 2026: Acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que incluye a Rocha y nueve funcionarios sinaloenses.
- Más de 100 días: Periodo en el que Rocha permaneció separado del cargo mientras la FGR investigaba.
| Hecho | Dato |
|---|---|
| Separación del cargo | Más de 100 días |
| Tiempo en el gobierno tras el regreso | Poco más de 30 horas |
| Votación en el Congreso de Sinaloa | Unanimidad para la segunda licencia |
En el terreno político, la situación deja margen para que la oposición y actores locales cuestionen tanto las decisiones del gobernador como la transparencia de las investigaciones. Para el gobierno federal, supone la necesidad de manejar cuidadosamente la comunicación: negar vínculos directos con el expresidente puede desactivar versiones que atribuyan maniobras institucionales, pero no elimina la demanda pública de explicaciones claras sobre el caso y su evolución jurídica.
Mientras tanto, el gobernador Rocha Moya se mantiene fuera del ejercicio del mando tras solicitar la segunda licencia, y las autoridades competentes —nacionales e internacionales— conservan abierta la discusión sobre la responsabilidad penal y política que derivan de las acusaciones externas y de la investigación de la FGR.
La Presidencia ofreció una versión precisa sobre su papel en los acontecimientos, pero la materia legal continuará siendo objeto de escrutinio dado el interés público y la implicación de instancias foráneas en las acusaciones. La evolución del caso dependerá ahora de las diligencias que realicen la Fiscalía y de cualquier trámite internacional adicional que pueda presentarse.
