El Partido Socialista por la Igualdad (PSI) presentó y aprobó por unanimidad en su Noveno Congreso Nacional una resolución en la que sostiene que la administración de Estados Unidos ha emprendido un proceso de concentración autoritaria del poder que, en su diagnóstico, apunta hacia la instauración de una dictadura presidencial.
Acusaciones centrales del texto
El documento, cuyo contenido fue divulgado por el sitio WSWS y fue expuesto en el congreso por Joseph Kishore, secretario nacional del PSI, atribuye a la administración federal medidas que, según el partido, erosionan controles institucionales y derechos civiles. Entre las principales imputaciones figuran:
- La transformación del servicio de inmigración y control (ICE) en una fuerza con características paramilitares, que habría detenido a cientos de miles de migrantes y creado una red de centros de detención a nivel nacional.
- El uso de la Guardia Nacional en ciudades como Los Ángeles, Washington y Memphis como herramienta de represión interna.
- La aplicación de la denominada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar entregas de detenidos a prisiones en el extranjero sin cargos ni audiencias.
- La emisión del Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional n.º 7, que el PSI interpreta como una estrategia para definir como amenazas internas el "antiamericanismo, el anticapitalismo y el anticristianismo", junto con la designación de "antifa" como organización terrorista.
“El avance hacia la dictadura y la radicalización política en Estados Unidos”
Contexto y alcance de la denuncia
La resolución forma parte de un conjunto de seis aprobadas en el congreso del PSI, celebrado del 2 al 7 de agosto de 2026. Su perspectiva se inscribe en una lectura crítica y radical del giro político estadounidense desde la asunción del actual gobierno en enero de 2025. El partido describe el nuevo ciclo político como un reajuste de la superestructura para que se acomode a lo que denomina las relaciones sociales reales del país, caracterizadas —en su diagnóstico— por la concentración de riqueza y poder de una oligarquía de multimillonarios.
El PSI atribuye además a la presidencia la responsabilidad por la pérdida de garantías procesales y por acciones policiales y militares que, en su relato, han derivado en detenciones masivas y muertes de trabajadores sin responsabilidad legal atribuida. Estas afirmaciones son presentadas como parte de un análisis político radical y se basan en la evaluación interna del partido y en el informe que se leyó en el congreso.
Reacciones y límites del pronunciamiento
El documento refleja la posición del PSI y recoge la línea editorial y analítica que difunde WSWS, plataformas con una lectura política definida. El texto acusa a la administración de haber emprendido tácticas que, si se materializan plenamente, podrían abrevar en prácticas autoritarias; sin embargo, la resolución no es un pronunciamiento institucional ni presenta verificación judicial o parlamentaria independiente de cada una de las denuncias que plantea.
Es relevante distinguir entre la dramatización retórica propia de un partido con vocación revolucionaria y la constatación probada por mecanismos legales o legislativos. La denuncia del PSI servirá, en cualquier caso, para alimentar debates sobre la expansión de facultades ejecutivas, los límites de las agencias de seguridad y el uso de fuerzas estatales en contextos urbanos.
| Elemento señalado | Acusación principal |
|---|---|
| ICE | Conversión en fuerza paramilitar y detenciones masivas |
| Guardia Nacional | Despliegues contra manifestaciones en grandes ciudades |
| Ley de 1798 | Transferencias de detenidos a prisiones extranjeras sin audiencias |
| Memorándum n.º 7 | Identificación de ciertos discursos como ejes del terrorismo interno |
El pronunciamiento del PSI plantea un reclamo político y mediático que busca advertir sobre riesgos institucionales; su alcance real dependerá de la verificación pública y del seguimiento que realicen otras fuerzas políticas, órganos de control y medios de comunicación. Para el debate público en Estados Unidos y en su entorno internacional, la acusación añade presión para que se expliquen y fiscalicen las actuaciones del Ejecutivo y de las agencias señaladas.
En el plano regional, las denuncias sobre prácticas represivas y restricciones a libertades civiles son observadas con atención por gobiernos y organizaciones de derechos humanos, pues cualquier cambio estructural en la política estadounidense puede tener efectos en cooperación, migración y seguridad hemisférica.
