Xalapa, Ver. — El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, responsabilizó al Gobierno de Veracruz de una “persecución política” dirigida contra militantes y autoridades municipales de su partido, luego de que el Congreso local aprobara el retiro de fuero a dos presidentes municipales.
Acusaciones contra el gobierno estatal
En mensajes difundidos en sus redes sociales, Máynez sostuvo que las acciones legales y administrativas contra los ediles de Movimiento Ciudadano comenzaron en la administración de Cuitláhuac García Jiménez y se han prolongado con el gobierno de Rocío Nahle García. Según el dirigente, las instituciones de justicia han sido empleadas “de forma arbitraria” y con criterios selectivos.
“Lo que está pasando en Veracruz, desde el sexenio de Cuitláhuac García y ahora con Rocío Nahle, tiene un nombre: persecución política”.
Máynez subrayó que, a su juicio, la judicialización se ha dirigido de manera específica contra alcaldes emanados de su partido y advirtió que esa táctica no los doblegará. No ofreció, en el texto público citado, detalles adicionales sobre evidencias o pruebas que respalden la acusación de intencionalidad política en los procesos.
Desafuero: qué ocurrió y qué implica
El Congreso de Veracruz aprobó retirar el fuero constitucional a dos presidentes municipales: Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván. Con esa decisión, la Fiscalía General del Estado queda facultada para continuar procedimientos penales en su contra.
- Raúl González Martínez está bajo investigación por una presunta relación con el homicidio de la comunicadora Roxana Guzmán, ocurrido en Nanchital.
- Bertín Bravo Montero es señalado en una investigación por la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su acompañante, Ignacio López.
El retiro de fuero no constituye una sentencia ni determina culpabilidad; es un trámite que habilita a la Fiscalía para ejercer acción penal. El artículo no reporta que los ediles hayan sido aprehendidos ni proporciona información sobre audiencias o órdenes de arresto.
| Alcalde | Municipio | Investigación |
|---|---|---|
| Raúl González Martínez | Ixhuatlán del Sureste | Presunta relación con el homicidio de Roxana Guzmán |
| Bertín Bravo Montero | Úrsulo Galván | Señalado en investigación por desaparición de Héctor Ramos Sánchez e Ignacio López |
Contexto y consecuencias políticas
La denuncia pública de Máynez exige situarse en dos planos: el jurídico y el político. En el primero, el procedimiento de desafuero es un mecanismo legislativo previsto para permitir la investigación y, en su caso, la persecución penal de servidores públicos protegidos por fuero. En el segundo, la ocupación del debate público por parte de un dirigente nacional de partido convierte el asunto en un elemento de fricción entre el Gobierno estatal y una fuerza política con presencia federal.
Movimiento Ciudadano ha buscado, por vías institucionales y mediáticas, denunciar lo que considera un uso selectivo de la procuración de justicia. Las autoridades locales, por su parte, según la nota consultada, han seguido el cauce institucional para remover el fuero y entregar las investigaciones a la Fiscalía; la información disponible no incluye una respuesta oficial del Ejecutivo estatal ni del Congreso a las acusaciones de persecución.
El desarrollo de las investigaciones y la actuación de la Fiscalía serán determinantes para definir si las imputaciones se traducen en procesos penales con consecuencias para los ediles o si, por el contrario, se descartan cargos. Mientras tanto, la denuncia pública abre un frente político que puede tensionar la relación entre el gobierno veracruzano y Movimiento Ciudadano, con potencial impacto en la percepción ciudadana sobre el uso del sistema de justicia en la entidad.
La ausencia de datos adicionales sobre plazos, pruebas o resoluciones judiciales en el expediente público obliga a seguir la secuencia procesal sin anticipar resultados. El asunto, por su carácter multipartidario y por incluir a figuras de un partido con proyección nacional, permanecerá en la agenda política y judicial del estado.
