Desde los 16 años Paola Santoyo Tenorio se dedica a rescatar perros y gatos en situación de calle en Chetumal. Su labor cotidiana —alimentar, curar y buscar adopciones responsables— dio un giro el pasado fin de semana cuando, tras proteger a un can que estaba a punto de ser atropellado en el fraccionamiento Forjadores, empezó a recibir mensajes intimidatorios, acoso en redes y amenazas dirigidas contra ella y su círculo cercano.
El rescate y el origen del conflicto
Paola localizó al animal cerca del Aeropuerto Internacional de Chetumal y lo llevó a su casa para brindarle atención inicial. Al revisarlo detectó que presentaba condiciones de abandono: parásitos, lesiones y desnutrición. Según relató, administró antiparasitarios y subió fotografías a redes sociales con la intención de localizar a los propietarios o promover una adopción responsable.
“El perrito estaba desnutrido, sucio, con las patitas lastimadas y con muchas garrapatas.”
La publicación generó respuesta inmediata: varias cuentas de Facebook y números de WhatsApp reclamaron la propiedad del animal. Al no aportar documentos probatorios —cartilla de vacunación, fotos o videos que demostraran tenencia previa—, las personas que exigían la devolución empezaron a presionar a Paola para que «lo regresara a la calle», según su versión. La situación escaló cuando, asegura la rescatista, uno de los reclamantes publicó una recompensa en redes para que localizaran a la joven y llegó a contactar a sus amistades para preguntar por su paradero.
Denuncia, medidas y percepción de desprotección
Ante el incremento de las amenazas Paola acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar denuncia. La institución, de acuerdo con la información proporcionada por la rescatista, admitió la denuncia y le notificó medidas de prevención, entre ellas vigilancia policial. No obstante, Paola expresó preocupación por la eficacia de estas medidas y por la exposición que ha sufrido su entorno: fotografías personales divulgadas en redes —una de ellas en traje de baño— y perfiles donde, según ella, aparecen imágenes de armas, la hicieron sentir insegura hasta el punto de formalizar la denuncia.
En la comunidad local de rescatistas y en quienes siguen su trabajo en redes sociales hubo consternación. La historia abre preguntas sobre la protección que reciben las personas que asumen cuidados temporales de animales en la vía pública y sobre los mecanismos de comprobación de propiedad en casos de mascotas encontradas.
- Hecho inicial: rescate de un perro en Forjadores, cerca del aeropuerto de Chetumal.
- Respuesta de terceros: reclamaciones sin pruebas, amenazas y publicación de recompensa para localizar a la rescatista.
- Acción oficial: denuncia ante la Fiscalía y notificación de medidas de prevención con vigilancia policial.
| Momento | Acción |
|---|---|
| Rescate | Paola recoge al perro y le brinda atención inicial. |
| Publicación | Sube fotos a redes sociales buscando propietarios o adopción. |
| Intimidación | Recibe amenazas, publican recompensa y acosan a sus amistades. |
| Denuncia | Acude a la Fiscalía; le notifican medidas de prevención. |
Impacto local y preguntas abiertas
La incidencia de este caso tiene varios ángulos que preocupan a la ciudadanía de Chetumal: la violencia e intimidación en torno a la posesión de mascotas, la vulnerabilidad de quienes realizan labores de cuidado animal de manera voluntaria, y la necesidad de procedimientos claros para dirimir la titularidad de un animal encontrado. Además, evidenció la exposición que generan las redes sociales cuando se buscan soluciones rápidas para animales en situación de abandono.
Organizaciones y personas que realizan rescates comunitarios suelen confrontar obstáculos prácticos: falta de recursos para atención veterinaria, ausencia de espacios de resguardo temporales y la necesidad de asesoría legal para cuando se les reclaman animales. En este episodio, la reacción de la Fiscalía al admitir la denuncia y ofrecer medidas de prevención es un paso formal, pero la percepción de Paola de que no existe protección suficiente muestra el trecho entre la respuesta institucional y la seguridad efectiva de la víctima.
En Chetumal, el caso ya genera movilización entre voluntarios y vecinos que piden mayor claridad en los protocolos municipales y estatales para garantizar tanto el bienestar de los animales como la seguridad de quienes los auxilian. Mientras tanto, la rescatista continúa cuidando del perro y espera que la investigación permita esclarecer responsabilidades y evitar que la intimidación se convierta en un freno para las acciones de rescate en la ciudad.
