Comerciantes de Kanasín denunciaron la existencia de una red de extorsión y corrupción en la que, según sus señalamientos, participan al menos cuatro funcionarios del Ayuntamiento municipal. Las acusaciones describen un patrón de exigencia de pagos periódicos, operativos de clausura y retenes policiales como medidas de presión para obligar a los propietarios a pagar.
Acusaciones y modus operandi
Según las denuncias recogidas por medios locales, los dueños de negocios dedicados al giro de bebidas reciben exigencias para pagar una cuota fija que, indicaron, asciende a 15 mil pesos mensuales. Los denunciantes señalan que, si se niegan a pagar, las autoridades municipales ordenan inspecciones, clausuras administrativas o la instalación de retenes en los accesos de los establecimientos, lo que afecta la operación y la clientela.
"Son obligados a pagar una cuota de 15 mil pesos mensuales"
Los afectados advirtieron además que Kanasín concentra más de 500 negocios en el giro de bebidas, lo que, de comprobarse la práctica, convertiría estas extorsiones en un negocio millonario con impacto directo en la economía local.
Funcionarios señalados
En las denuncias se mencionan de manera directa a cuatro servidores públicos municipales. A continuación se presenta un resumen de los cargos señalados por los denunciantes:
| Nombre | Cargo (señalado) |
|---|---|
| Gabriel Pacheco Canché | Director de espectáculos |
| Emilio Herrera Aguilar | Director de gobernación |
| José Luciano Moo Arceo | Director de la Policía Municipal |
| Leonor Chan Uicab | Oficial mayor y exalcalde de Kanasín |
Los denunciantes refirieron que una persona que inicialmente se negó a pagar y llevó su queja hasta el alcalde fue objeto de una clausura posterior, circunstancia que lo obligó a aceptar el pago de la cuota para reabrir su negocio. Estas acciones, según los afectados, habrían ocurrido como represalia por denunciar las extorsiones.
Impacto local y contexto
En Kanasín, ciudad con fuerte dinamismo comercial y cultural en la periferia de Mérida, la operación de giros como bares y cantinas representa una fuente importante de empleo y actividad económica. Las acusaciones de cobro de piso afectan directamente la confianza de inversionistas y pequeños empresarios, aumentan la informalidad y pueden generar cierres o migración de establecimientos hacia zonas con menos presión.
Además del daño económico, la existencia de prácticas de extorsión atribuidas a servidores públicos erosiona la percepción ciudadana sobre la integridad de las instituciones municipales y complica la relación entre gobernantes y comunidad. En un contexto regional donde la transparencia y la rendición de cuentas son demandas recurrentes, estas denuncias requieren investigación clara y pronta por las autoridades competentes.
Demandas y pasos a seguir
Los denunciantes exigen que las autoridades estatales y federales realicen una investigación independiente y que se proteja a quienes presenten pruebas o testimonios. Entre las demandas puntuales que han planteado se encuentran:
- La apertura de una investigación imparcial sobre las presuntas extorsiones.
- Protección para comerciantes que decidan denunciar.
- Transparencia en los procedimientos administrativos y operativos de clausura.
Hasta el cierre de esta nota no hubo una respuesta pública por parte del Ayuntamiento de Kanasín ni de las personas señaladas. La ausencia de pronunciamientos oficiales mantiene la inquietud entre los propietarios de giros nocturnos y de bebidas, que esperan mecanismos de aclaración y garantías para su actividad económica.
Como corresponsal en la península, conozco la importancia de la economía local y las redes sociales y comunitarias que sostienen a muchas familias en Kanasín. La información vertida por quienes viven del comercio nocturno revela una preocupación profunda: más allá de las cifras, se trata de la seguridad del trabajo y la dignidad de miles de vecinos que contribuyen al pulso diario de la ciudad.
