La organización Artículo 19 México y Centroamérica denunció que la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas elaboró y empleó una lista con datos personales y en algunos casos sensibles para perfilar a periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos y otras voces críticas, con el objetivo de impedirles el acceso al Quinto Informe de Gobierno del gobernador David Monreal Ávila, realizado el 8 de septiembre en el Palacio de Convenciones de Zacatecas.
Qué contiene la denuncia y cómo se habría usado la lista
Según el reporte de Artículo 19, las fichas que circularon entre personal de seguridad en los accesos incluyeron información personal detallada —nombres, fotografías, números telefónicos y domicilios— y, en algunos casos, datos sensibles. Las tarjetas clasificaban a las personas en categorías relacionadas con supuestos “conflictos sociales y políticos” y contenían referencias sobre posicionamientos políticos, actividades de protesta y presuntos vínculos con el gobierno estatal.
La organización afirmó que copias impresas del documento estuvieron disponibles para el personal de control del evento y que fueron usadas para identificar a las personas incluidas y, en determinados casos, negarles la entrada.
Casos concretos mencionados
Entre las personas señaladas en la documentación difundida están la periodista independiente Verónica Trujillo Jiménez y el reportero independiente Luis Chávez. Trujillo relató a Artículo 19 que la fotografía incluida en su ficha correspondía a un momento en que acudió a la Fiscalía estatal a denunciar la afectación de dos espectaculares que promocionaban su trabajo, hecho ocurrido en enero. Chávez dijo haber sido advertido por una fuente interna del gobierno sobre la existencia del documento y recibió la recomendación de no acudir al informe porque no le permitirían la entrada.
Trujillo calificó de "indignante" que la fotografía usada en su ficha provenga de una visita a la Fiscalía, según el testimonio recabado por Artículo 19.
Elementos contenidos en las fichas
De acuerdo con la organización, las fichas conocidas incluyen, entre otros datos:
- Nombres y fotografías.
- Números telefónicos y domicilios.
- Características de vehículos y datos fiscales como RFC.
- Dato sobre estado de salud y referencias a posicionamientos políticos.
- Clasificación en categorías vinculadas a supuestos riesgos o conflictos sociales.
| Tipo de dato | Ejemplos citados |
|---|---|
| Identificación | Nombre, fotografía |
| Contacto y ubicación | Teléfono, domicilio |
| Información sensible | Estado de salud, posicionamientos políticos |
| Datos técnicos | RFC, características de vehículo |
Implicaciones y preguntas abiertas
La existencia y uso de un listado con estas características plantea preocupaciones sobre la libertad de expresión, la seguridad de periodistas y el manejo de datos personales por parte de autoridades públicas. Perfilamiento y exclusión selectiva en eventos oficiales pueden constituir formas de censura indirecta, además de exponer a las personas listadas a riesgos de vigilancia o estigmatización.
La denuncia de Artículo 19 sitúa en el centro del debate la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública para no usar sus capacidades operativas para fines distintos a la protección ciudadana. También abre interrogantes sobre los mecanismos de protección y acceso a la información que deben garantizarse en actos públicos del gobierno estatal.
Reacciones y pasos siguientes
En el texto difundido por la organización, se consignan testimonios de las personas afectadas y la condena de Artículo 19 al uso del documento. La denuncia, por su naturaleza, podría motivar solicitudes de explicaciones por parte de organismos de protección a periodistas, la revisión de protocolos de seguridad en eventos oficiales y, eventualmente, acciones legales si se acreditara vulneración de derechos o tratamiento indebido de datos personales.
Hasta la publicación de este despacho no se registró una respuesta pública de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas o de la administración estatal que esclarezca la autoría, el alcance y la legalidad del uso del listado en el evento del 8 de septiembre.
Contexto
Los señalamientos se suman a un repertorio de alertas que organizaciones de defensa de la libertad de expresión han venido formulando sobre prácticas de vigilancia y acoso hacia periodistas en diversas entidades. En este caso, la combinación de identificación previa y la negación de acceso a un acto oficial constituye un hecho que expertos y organizaciones suelen valorar como un intento de control informativo y una afectación al derecho a la información pública.
El caso reclama transparencia por parte de las autoridades estatales y medidas de protección para las personas que fueron perfiladas, así como una investigación independiente que determine responsabilidades y evite la repetición de prácticas que restringen el trabajo periodístico.
