El proyecto de consulta indígena que pretende cubrir los 84 municipios de Hidalgo tiene un costo estimado de aproximadamente 10 millones de pesos, informó la Junta de Gobierno del Congreso local, que busca ajustar el diseño operativo y financiero para reducir ese monto.
La propuesta fue presentada en la sesión del 18 de agosto por el Comité Institucional para la Implementación de la Consulta Indígena, que dio a conocer los avances técnicos, operativos y de coordinación que se han realizado desde mayo y la ruta para continuar con la preparación del proceso.
“Aproximadamente de unos 10 millones de pesos, pero tratamos de ajustarla para que su costo disminuya, porque consideramos que es una cantidad considerable, fuerte, y necesitamos bajarlo lo más que pueda. Como ya viene la consulta del gobierno federal, estamos viendo la posibilidad de subirnos a esa consulta”, explicó el diputado Andrés Velázquez Vázquez.
Coordinación y opciones para reducir el gasto
El titular de la Junta de Gobierno señaló que, además de la revisión técnica y jurídica, se analiza la vía financiera para optimizar recursos. Entre las alternativas que se mencionan está la posibilidad de integrarse a la consulta nacional que impulsa el gobierno federal en el marco de la elaboración de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
De acuerdo con lo informado, el Congreso estatal ya estableció un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), firmado en marzo de este año, con la intención de que la institución aporte apoyo técnico y operativo que permita disminuir costos y garantizar el diseño metodológico del proceso.
Alcance y municipios incluidos
La consulta contempla abarcar las 84 demarcaciones de la entidad. En el ámbito federal, se ha señalado que entre los municipios que forman parte del ejercicio nacional aparecen Huejutla, Ixmiquilpan y Tenango de Doria, localidades con presencia de pueblos indígenas en la entidad.
El Comité Institucional explicó que desde mayo se han llevado a cabo actividades de preparación que incluyen la definición de mecanismos de participación, logística y coordinación interinstitucional; dichos avances fueron presentados ante la Junta de Gobierno el 18 de agosto.
Elementos que se analizan antes de decidir la ruta final
- Revisión técnica: diseño metodológico y protocolos de consulta.
- Revisión financiera: estimación de costos y opciones para reducir gasto.
- Revisión jurídica: compatibilidad del proceso con la normativa federal y local.
- Coordinación interinstitucional: participación de la UAEH y otras instancias.
El Congreso local busca con estos pasos evitar duplicidades con la consulta nacional, aprovechar sinergias y, en su caso, sumarse al mecanismo federal para optimizar recursos y tiempos.
Contexto legal y político
La consulta federal tiene por objetivo recabar opiniones para la creación de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. En ese marco, los órganos locales deben decidir si realizan ejercicios propios, se coordinan técnicamente con la federación o se adhieren al proceso nacional para garantizar representatividad y eficiencia.
En Hidalgo, la decisión del Congreso sobre el formato y el alcance de la consulta determinará los plazos y la logística en municipios con población indígena, por lo que las autoridades locales y las organizaciones comunitarias esperan conocer los detalles del procedimiento y los mecanismos de participación ciudadana.
Transparencia y siguientes pasos
La Junta de Gobierno informó que continuará recibiendo informes del Comité Institucional a fin de precisar el costo final y la ruta operativa. El uso de la colaboración académica con la UAEH figura como un elemento clave para robustecer el aspecto técnico y disminuir el desembolso económico.
| Aspecto | Situación actual |
|---|---|
| Alcance | 84 municipios |
| Costo estimado | ~10 millones de pesos |
| Fechas relevantes | Trabajos desde mayo; informe en Junta de Gobierno el 18 de agosto; convenio UAEH firmado en marzo |
El avance del proceso y la decisión de sumarse o no a la consulta federal serán determinantes para el calendario final y para el monto que finalmente deberá erogarse desde las arcas estatales o mediante apoyos de instancias académicas y federales.
