Falló la Cámara 4ª del Crimen en Córdoba
La Justicia penal de Córdoba dictó este martes una sentencia contra Patricio Cruz Viale, sacerdote vinculado al movimiento religioso Schoenstatt, al darlo por culpable del abuso sexual de una mujer de 46 años que, según la denuncia, sufrió el ataque tras una ceremonia religiosa a principios de 2024.
El tribunal fijó una pena de 3 años y 4 meses de prisión, pero determinó que el condenado continuará cumpliendo la medida en arresto domiciliario. La resolución se produjo después de un proceso judicial que duró más de dos años y que incluyó una segunda denuncia pública interpuesta por un familiar del párroco de la iglesia Virgen de Schoenstatt.
Detalles del hecho y del proceso
De acuerdo con el expediente conocido por la prensa local, el hecho que dio inicio a la investigación fue denunciado por una mujer cuya identidad se mantiene en reserva. La agresión se habría producido en el despacho personal del sacerdote, ubicado en el predio del santuario situado en el barrio Cerro de Las Rosas, sobre la avenida Rafael Núñez, en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba.
El imputado fue aprehendido el 9 de noviembre de 2024 y trasladado al penal de Bouwer, donde permaneció detenido hasta el 15 de enero del año en curso, cuando la Justicia le otorgó la prisión domiciliaria.
- Acusado: Patricio Cruz Viale, sacerdote del movimiento Schoenstatt.
- Víctima: mujer de 46 años (identidad reservada).
- Lugar del hecho: despacho del sacerdote en el santuario Virgen de Schoenstatt, avenida Rafael Núñez, barrio Cerro de Las Rosas.
- Detención: 9 de noviembre de 2024; internamiento en penal de Bouwer.
- Prisión domiciliaria: otorgada el 15 de enero de 2025 (según expediente referido).
- Sentencia: 3 años y 4 meses, con mantenimiento del arresto domiciliario.
Calificación penal y discrepancias
La Fiscalía había pedido una calificación más grave, que contemplaba la figura agravada prevista por el artículo 119 del Código Penal —que contempla penas mayores cuando el abuso es cometido por un ministro de culto y reviste características “gravemente ultrajantes” para la víctima—. No obstante, el tribunal no aplicó esa agravante y lo consideró abuso simple con el agravante por ser cometido por un ministro de culto.
“Pedí el mínimo de la pena por las calificaciones que venían de la Fiscalía de Instrucción. Acá el ‘gravemente ultrajante’ no se tuvo en cuenta”, expresó el abogado de la querella, Benjamín Sonzini Astudillo, tras conocerse el fallo.
La diferencia en la calificación resultó clave para determinar el monto de la pena y para la lectura pública del fallo. Fuentes judiciales consultadas por la prensa local informaron que esa ponderación fue definitiva para que se estableciera la condena aplicada.
Implicaciones comunitarias y próximos pasos
La causa mantiene foco en la comunidad religiosa vinculada al santuario Schoenstatt de Córdoba y reaviva el debate sobre la responsabilidad institucional y las garantías procesales en casos que involucran ministros de culto. En el proceso también tuvo lugar una segunda denuncia pública, según consta en el expediente, presentada por un familiar del párroco.
Por ahora, la medida cautelar de cumplimiento domiciliario sigue vigente. La condena y la motivación del tribunal pueden ser objeto de apelación por las partes, lo que marcará los próximos capítulos judiciales de este expediente.
| Fecha | Hecho |
|---|---|
| Principios de 2024 | Denuncia por abuso tras una misa |
| 9 nov 2024 | Detención y traslado a penal de Bouwer |
| 15 ene (2025) | Otorgamiento de prisión domiciliaria |
| Fecha de la sentencia | Condena: 3 años y 4 meses (permanecerá en arresto domiciliario) |
El caso seguirá siendo observado por la sociedad local y por organizaciones que trabajan en defensa de las víctimas. En una ciudad donde el tejido comunitario y la actividad religiosa forman parte del paisaje cotidiano, resoluciones de este tipo ponen en tensión la necesidad de reparación para las víctimas y la responsabilidad institucional de los espacios de culto.
Reporto desde la orilla jarocha con la atención puesta en cómo la justicia local aborda casos sensibles que afectan a la comunidad y a la confianza en las instituciones religiosas y judiciales.