Modificación del protocolo y primeras reacciones
El protocolo de acceso a la vivienda de alquiler social de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Valladolid (VIVA) fue modificado en mayo de 2026, según han denunciado en las últimas horas fuentes del PSOE de Castilla y León y colectivos feministas de la ciudad. La revisión introduce al menos dos cambios destacados: un incremento del periodo de empadronamiento exigido a las personas solicitantes y la sustitución del término violencia de género por violencia doméstica en los criterios de acceso.
Qué cambia en los requisitos
En concreto, el protocolo elevó el tiempo de empadronamiento necesario para optar a una vivienda social de un año a tres años. Además, la redacción del documento incorpora ahora el concepto de violencia doméstica donde antes aparecía la expresión violencia de género, una alteración que ha suscitado críticas por entenderse que diluye un enfoque específico sobre la violencia ejercida por razones de género.
| Aspecto | Anteriores requisitos | Requisitos tras la modificación |
|---|---|---|
| Empadronamiento | 1 año | 3 años |
| Tipificación de la violencia | Violencia de género | Violencia doméstica |
Críticas de colectivos y formación política
La Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha mostrado su «estupefacción» ante lo que considera una maniobra para «omitir una realidad», en palabras de la portavoz del colectivo, Paula Granado. La portavoz relaciona el cambio con la influencia de la extrema derecha en la gestión municipal y advierte de que la sustitución terminológica puede dificultar la protección específica de las mujeres víctimas.
«Los y las representantes públicos deberían conocer que eliminando este concepto no eliminan esta lacra, ni tampoco la silencian, sino que lo único que hacen es que acentúe la desprotección que sufrimos las mujeres».
En la misma línea, desde el PSOE autonómico han insistido en que la modificación del protocolo no solo endurece los requisitos sino que podría dejar fuera a personas en situación de vulnerabilidad cuya protección requiere un reconocimiento explícito de la violencia por razón de género. Hasta el momento, fuentes municipales vinculadas al equipo de gobierno justificaron previamente el endurecimiento del empadronamiento apelando al «arraigo» de las personas solicitantes.
Implicaciones prácticas para las solicitantes
El cambio de criterio afecta de forma directa a quienes buscan acceso a la vivienda protegida gestionada por VIVA. Entre las consecuencias apuntadas por críticos y organizaciones de la sociedad civil se incluyen:
- Mayor dificultad para acceder a vivienda social por el aumento del periodo de empadronamiento exigido.
- Posible pérdida de prioridad o especial protección para mujeres víctimas si no se reconoce explícitamente la violencia de género.
- Incertidumbre sobre cómo se interpretarán y aplicarán los nuevos términos en los procedimientos y en la valoración de solicitudes.
Contexto político local
La modificación se aprobó en el marco del gobierno municipal en el que participan formaciones que han defendido cambios normativos concordantes con criterios de priorización local. La desaparición de la concejalía de Igualdad y su integración en la de Servicios Sociales, medida previa que ya generó rechazo del movimiento feminista y de la oposición, se cita como antecedente que alimenta la inquietud de colectivos que defienden una atención diferenciada a la violencia de género.
Por ahora, no se ha publicado un comunicado oficial con el texto íntegro de la modificación ni se han detallado los criterios técnicos que justifican la sustitución terminológica. Tampoco consta en la información aportada que se haya abierto un periodo de consulta con las entidades sociales implicadas en la atención a víctimas.
Próximos pasos y demandas
Las organizaciones feministas y el PSOE han pedido explicaciones y la revisión del protocolo para restablecer el reconocimiento explícito de la violencia de género y garantizar mecanismos de protección eficaces. En paralelo, la controversia pone sobre la mesa el debate sobre cómo deben articularse las políticas públicas municipales para atender a los colectivos más vulnerables sin reducir su acceso a recursos esenciales como la vivienda.
