El Grupo Municipal Socialista de Valladolid ha acusado al equipo de Gobierno municipal, integrado por PP y Vox, de imponer condiciones «a ciegas» a las personas en situación de mayor vulnerabilidad que aceptan viviendas de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA), al tiempo que ha alertado de que 95 inmuebles del parque público permanecen vacíos.
Críticas sobre el procedimiento y el estado de las viviendas
El portavoz socialista, Pedro Herrero, ha calificado los datos como una «grave contradicción» entre la existencia de una demanda urgente de vivienda pública y la presencia de decenas de inmuebles que no se ponen a disposición de quienes los necesitan. Herrero ha señalado además que el mecanismo aplicado a las denominadas «viviendas blancas», destinadas a los hogares más vulnerables, resulta «especialmente grave» cuando a quienes menos recursos tienen se les obliga a aceptar un domicilio sin posibilidad de comprobar su estado previamente.
«Obligan a las personas vulnerables a aceptar viviendas a ciegas», ha dicho el portavoz socialista
El portavoz ha defendido el derecho de estas familias a acceder a una vivienda pública «digna», que cumpla con las condiciones de seguridad, salubridad y habitabilidad exigibles, y ha advertido de que las dificultades no concluyen con la adjudicación. Según la agrupación socialista, existen esperas «superiores a un año» hasta la entrega efectiva de algunos inmuebles, y en ocasiones cuando finalmente acceden a ellos aparecen deficiencias que deberían haberse resuelto con anterioridad.
Antecedentes administrativos
La situación relativa a las denominadas «viviendas blancas» fue objeto de una resolución del Procurador del Común de Castilla y León el 24 de noviembre de 2025, tras una queja por la falta de condiciones de habitabilidad en un inmueble. En aquel pronunciamiento se recordaron las responsabilidades derivadas de la titularidad municipal y se recomendó la adopción de medidas para garantizar la adecuada prestación del servicio.
| Dato | Información |
|---|---|
| Inmuebles vacíos | 95 |
| Resolución del Procurador del Común | 24 de noviembre de 2025 |
Repercusiones para los usuarios y demandas del PSOE
Los socialistas sostienen que el actual procedimiento vulnera las garantías de los solicitantes con menos recursos, que pueden enfrentarse a gastos y problemas añadidos una vez ocupadas las viviendas. Entre las consecuencias señaladas se encuentran la prolongación de plazos hasta la entrega, la aparición de deficiencias no subsanadas previamente y la imposición de la aceptación sin visita previa, lo que aumenta la incertidumbre y el riesgo para las familias adjudicatarias.
Desde el PSOE local se reclama al Ayuntamiento que adopte medidas para corregir lo que entienden como desorden en la política de vivienda pública y para priorizar tanto la disponibilidad efectiva de los inmuebles como su adecuación antes de la entrega a las personas adjudicatarias. La formación exige que se garantice la accesibilidad a un alojamiento que reúna condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad.
Situación política y administrativa
El reproche del Grupo Municipal Socialista coloca sobre la mesa la gestión del parque público de vivienda en un momento en que la demanda social por soluciones habitacionales sigue siendo alta. El señalamiento de 95 inmuebles vacíos y la referencia a la resolución del Procurador del Común ponen en evidencia tensiones entre la responsabilidad municipal sobre el patrimonio público y la eficacia de los procedimientos de adjudicación y control de calidad.
- El PSOE denuncia que personas vulnerables aceptan viviendas sin visitarlas.
- Hay 95 inmuebles del parque público sin uso, según el grupo socialista.
- El Procurador del Común emitió una resolución sobre las «viviendas blancas» en noviembre de 2025.
La postura formal del equipo de Gobierno en relación con estas críticas no consta en la nota remitida por el Grupo Municipal Socialista. La cuestión, sin embargo, plantea debate sobre la gestión del parque de vivienda municipal y las garantías ofrecidas a quienes más dependen de la intervención pública para acceder a un techo digno.
