El Gobierno de Canarias ha iniciado el trámite de información pública del expediente de autorización ambiental para la instalación de una planta de tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos en la Dársena de Pesca del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. La resolución, publicada el 9 de septiembre por la Dirección General de Calidad Ambiental en el Boletín Oficial de Canarias, abre un plazo de 30 días para que ciudadanos y entidades presenten alegaciones.
Ubicación, promotor y alcance de la instalación
La empresa promotora es Sertego Servicios Medioambientales, que el año anterior solicitó a la Autoridad Portuaria la concesión administrativa de una superficie aproximada de 5.250 metros cuadrados en dos parcelas situadas en la Dársena de Pesca. Según el proyecto, la planta funcionará como centro de transferencia y agrupamiento de residuos por tipologías compatibles para su posterior envío a centros autorizados de tratamiento final.
Tipos de residuos y capacidad prevista
El proyecto contempla la recepción y gestión de diferentes corrientes de residuos, entre las que se incluyen:
- Residuos Marpol: procedentes de buques, regulados por el Convenio Internacional Marpol para prevenir la contaminación marina.
- Residuos procedentes de otras industrias con origen insular.
- Residuos biosanitarios, mediante una planta específica prevista en el complejo.
- Residuos citotóxicos y químicos de origen hospitalario, para los que se propone una planta de transferencia especializada.
La capacidad anual estimada de la instalación, tal como figura en el expediente, es de 15.000 toneladas de residuos peligrosos y alrededor de 30.000 toneladas de residuos no peligrosos, lo que supone una capacidad conjunta aproximada de 45.000 toneladas al año.
| Concepto | Datos |
|---|---|
| Superficie solicitada | 5.250 m2 en dos parcelas |
| Capacidad anual residuos peligrosos | 15.000 toneladas |
| Capacidad anual residuos no peligrosos | 30.000 toneladas |
Objetivos y procedimientos previstos
Según el documento, la planta tendrá como finalidad agrupar los residuos por tipologías compatibles y optimizar los volúmenes generados, para después expedirlos a otros centros autorizados para su tratamiento final. Además de la transferencia física, el proyecto prevé la gestión diferenciada de corrientes como la Marpol —residuos derivados de la operación, mantenimiento o limpieza de buques— y residuos sanitarios de origen hospitalario, que requieren tratamientos y precauciones específicas.
«La planta de transferencia tiene como finalidad agrupar los residuos por tipologías compatibles, optimizar los volúmenes generados y expedirlos posteriormente a otros centros autorizados para su tratamiento final».
Plazo de información pública y participación
La publicación en el Boletín Oficial de Canarias inicia el plazo de 30 días durante el cual cualquier persona o entidad interesada puede presentar alegaciones al expediente de autorización ambiental. El trámite es de obligado cumplimiento en procedimientos de esta naturaleza y permite que la ciudadanía y colectivos aporten observaciones o preocupaciones que la administración deberá evaluar antes de adoptar la decisión final.
Contexto local y posibles impactos
La instalación de una planta de transferencia en la Dársena de Pesca sitúa la gestión de residuos peligrosos y sanitarios en el ámbito portuario de Santa Cruz de Tenerife, lo que plantea cuestiones sobre compatibilidad con la actividad pesquera, la seguridad operacional y la protección del entorno marino. La recepción de residuos Marpol implica cumplir estrictamente la normativa internacional para evitar vertidos y riesgos de contaminación.
El expediente apunta a que la planta servirá también para concentrar corrientes industriales generadas a nivel insular, lo que podría optimizar rutas de transporte y reducir la dispersión de pequeñas instalaciones de gestión. No obstante, la evaluación ambiental y las alegaciones ciudadanas serán determinantes para concretar medidas de control, vigilancia y mitigación de impactos.
El proceso administrativo ahora abierto dota a la ciudadanía y a los actores locales de un periodo para examinar el proyecto y solicitar información, propuestas de mejora o expresar reparos, antes de que se complete la tramitación ambiental y se decida la autorización definitiva.
