Melilla ha reforzado las medidas de seguridad en el centro de menores de La Purísima tras registrar un aumento sostenido de jóvenes acogidos desde finales de julio, que ha llevado a las instalaciones a operar muy por encima de su límite. Según fuentes oficiales de la Consejería de Seguridad Ciudadana, el centro acoge actualmente a más de 260 menores, cifra que supera ampliamente la capacidad prevista.
Incremento de ocupación y respuesta institucional
El consejero de Seguridad Ciudadana, José Ronda, informó en rueda de prensa de que el incremento de vigilancia responde tanto a la necesidad de garantizar el orden interno como a la «preocupación por la seguridad» manifestada en los últimos días por organizaciones y sindicatos que trabajan en el centro. El responsable autonómico explicó que no existen indicios de sucesos de gravedad en las instalaciones, aunque sí se han producido «algún que otro pequeño disturbio» atribuible, dijo, a la acumulación de personas jóvenes con ganas de esparcimiento.
«no hay constancia de que se hayan producido “problemas graves” en el centro de acogida»
La Policía Local, según Ronda, ha incorporado como parte de su itinerario diario la visita al centro cada hora para realizar «un seguimiento muy concreto y específico» que permita comprobar el estado de las instalaciones y la convivencia entre los menores.
Marco de contingencia y traslados
La ciudad autónoma se encuentra desde hace un año en situación de contingencia inmigratoria, un mecanismo con el que el Gobierno fijó inicialmente un máximo de 84 menores acogidos. El reciente repunte migratorio, especialmente en la franja fronteriza, ha obligado a elevar ese umbral y, según las autoridades, la cifra de acogidos se ha llegado a situar en 312 en determinados momentos del último mes.
La Delegación del Gobierno en Melilla trabaja, según fuentes oficiales, para acelerar el traslado de menores a otras comunidades autónomas, respetando los plazos y las garantías legales del procedimiento. Las autoridades insisten en que dichos traslados son la vía para aliviar la presión sobre recursos locales mientras se mantienen los controles y la vigilancia en el centro.
Medidas operativas
Entre las actuaciones puestas en marcha por Seguridad Ciudadana y los cuerpos locales figuran:
- Incremento de la vigilancia en el perímetro y zonas comunes del centro.
- Visitas cada hora de la Policía Local para evaluación y seguimiento.
- Coordinación con la Delegación del Gobierno para tramitar traslados a otras comunidades.
- Mayor interacción con sindicatos y equipos de atención social para detectar necesidades.
Las fuentes consultadas indican que este refuerzo de controles se mantendrá «durante un tiempo importante» mientras perdure la situación de presión migratoria y hasta que se normalice el volumen de acogidos en las plazas disponibles.
Impacto local y desafíos
El desbordamiento del centro plantea retos administrativos, logísticos y de atención social. La gestión de un número de menores muy superior al autorizado complica la planificación de turnos de personal, la provisión de recursos sanitarios y educativos, así como el sostenimiento de programas de ocio y ocupación para evitar la aparición de conflictos por aburrimiento o saturación.
Los sindicatos que representan a personal del centro han reclamado con insistencia refuerzos y garantías para salvaguardar la integridad de los menores y del equipo profesional, una inquietud que ha sido recogida por la Consejería de Seguridad Ciudadana y cuyo reflejo ha sido el aumento de presencia policial y las comprobaciones periódicas.
Datos comparativos
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Capacidad máxima establecida (contingencia) | 84 |
| Acogidos registrados en el último mes (pico) | 312 |
| Acogidos en la actualidad (informe reciente) | más de 260 |
El desequilibrio entre plazas previstas y ocupación real obliga a la Administración a mantener medidas extraordinarias y a priorizar la protección jurídica y material de los menores, así como a optimizar los recursos humanos que prestan servicios en el centro.
Fuentes institucionales han subrayado que los traslados interautonómicos, una vez tramitados, aliviarán la presión local, pero han advertido de que se trata de procesos sujetos a los requisitos legales de identificación, tutela y destino, por lo que su ejecución exige coordinación y tiempo.
En este contexto, las autoridades municipales y autonómicas han hecho un llamamiento a la calma y a la colaboración de la ciudadanía, mientras mantienen contactos con organizaciones sociales y otras administraciones para buscar soluciones que compatibilicen seguridad, derechos de la infancia y asistencia adecuada a los menores acogidos.
