La Policía Nacional ha identificado y puesto a disposición del Gobierno de Ceuta a 2.168 menores entre las personas que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio, según ha informado el Ministerio del Interior. La cifra corresponde a los menores localizados hasta las 9.00 horas de este martes.
Estado actual y medidas previstas
Los menores permanecen en Ceuta mientras se articulan las soluciones administrativas y de protección que correspondan: desde posibles repatriaciones a sus países de origen hasta la derivación a otras comunidades autónomas, en función de la evaluación individual de cada caso y de la disponibilidad de plazas. El Ejecutivo central ha convocado a las comunidades autónomas la próxima semana en una conferencia sectorial para abordar la reubicación y la atención de los niños y adolescentes llegados a zonas tensionadas como Ceuta.
El Gobierno también ha anunciado una transferencia de 25 millones de euros a la ciudad autónoma para la atención de estos menores. No obstante, la propuesta de debate ha encontrado resistencias políticas: comunidades gobernadas por el Partido Popular han mostrado su oposición a la convocatoria y algunos ejecutivos autonómicos con competencias en políticas de Infancia gestionadas por Vox han rechazado participar.
Complejidad de las devoluciones y protección internacional
La devolución de menores a sus países de origen aparece como una opción compleja. En España, las expulsiones o repatriaciones requieren un estudio individualizado que certifique que la devolución es lo más conveniente para el menor, un requisito que en la práctica limita estas salidas. Sobre este punto, el Tribunal Supremo ya dictaminó que la devolución masiva de menores a Marruecos ejecutada tras la crisis de 2021 fue ilegal por «absoluta inobservancia» de las garantías previstas en la normativa de extranjería.
«absoluta inobservancia»
Además, un porcentaje de los niños y jóvenes identificados proceden de países en conflicto, como Chad o Sudán, y pueden tener derecho a protección internacional. Organizaciones humanitarias han subrayado la necesidad de atender a las particularidades de estas situaciones, particularmente en el caso de mujeres, niñas y adolescentes, más vulnerables a riesgos como matrimonios forzosos, violencia sexual o trata.
Actores implicados y retos locales
La gestión de la masiva llegada ha implicado a cuerpos y fuerzas de seguridad, autoridades locales y organizaciones no gubernamentales. La ciudad autónoma, con capacidad limitada, enfrenta la saturación de recursos para garantizar la protección integral de los menores: alojamiento adecuado, evaluación jurídica y social, acceso a atención sanitaria y escolarización, entre otras necesidades.
- Identificados: 2.168 menores hasta las 9.00 horas del martes.
- Entrada masiva: entre 70.000 y 80.000 personas en los dos últimos días de julio.
- Fondos anunciados: 25 millones de euros transferidos por el Ejecutivo central para atención a menores.
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Menores identificados | 2.168 |
| Personas llegadas (estimación) | 70.000–80.000 |
| Transferencia anunciada | 25 millones € |
Consideraciones jurídicas y de protección
La evaluación de cada caso es clave para cumplir con la legislación de extranjería y los estándares de protección de la infancia. Los procesos para determinar la edad, la identidad y la situación administrativa de los menores son procedimientos que requieren tiempo y recursos especializados. La existencia de menores que podrían ser beneficiarios de protección internacional añade una capa jurídica que obliga a estudios individualizados y a la coordinación con organismos competentes.
Organizaciones como Save the Children han insistido en la necesidad de priorizar la protección de las personas más vulnerables y de garantizar mecanismos que eviten situaciones de riesgo. En este sentido, la reubicación a otras comunidades o la búsqueda de plazas en recursos especializados se presentan como alternativas frente a la saturación de la capacidad local.
Impacto y preguntas abiertas
La identificación de más de dos mil menores plantea preguntas sobre la capacidad de los sistemas de protección, la coordinación interadministrativa y la eficacia de las medidas anunciadas. La convocatoria de la conferencia sectorial buscará precisamente negociar criterios de reparto, responsabilidades y recursos, pero la división política entre el Ejecutivo central y varias comunidades autónomas complica el escenario.
Mientras tanto, los menores continúan en Ceuta a la espera de soluciones que garanticen su protección y su acceso a derechos básicos. La evolución de la situación dependerá de la coordinación entre administraciones, de la puesta en marcha efectiva de los fondos anunciados y de los recursos disponibles para realizar los estudios individualizados exigidos por la normativa.
